Riesgoso endeudamiento del país

El actual Gobierno sigue endeudando al país mediante la emisión de bonos soberanos, manteniendo y profundizando el rumbo iniciado hace tres años por el de Federico Franco. Ahora los ha colocado por valor de 600 millones de dólares, elevando la deuda contraída de este modo a 2.380 millones de dólares en menos de cuatro años. Este diario, así como destacados economistas compatriotas, han venido advirtiendo acerca de los graves riesgos que conllevan tanto el ritmo como la finalidad del endeudamiento.

En lo que hace a esta última cuestión, es inquietante que casi 500 millones de dólares provenientes de las colocaciones de 2014 y 2015 hayan sido usados para el pago de la deuda pública y el aporte de capital a organismos internacionales, y que el mismo destino vaya a tener la mitad de los fondos ahora obtenidos. Una gran parte de los recursos provenientes de los fondos soberanos no servirá, pues, para invertir en obras de infraestructura que, aparte de tener un inmediato impacto positivo en la economía mediante la creación de empleos, serán beneficiosas para el futuro del país. Habrá que pagar intereses y devolver unos fondos que solo sirvieron para pagar deudas, y no precisamente para impulsar el desarrollo.

En el lenguaje coloquial, a la práctica de contraer una deuda para saldar otra se le llama “bicicleteo”, y a ella suelen recurrir las personas y las firmas insolventes. Es lo que ahora está haciendo el Estado, porque la recaudación tributaria apenas alcanza para pagar los salarios, los aguinaldos y otros beneficios del frondoso personal público. Como no hay suficiente dinero para cubrir los compromisos pendientes de pago, simplemente se emiten bonos soberanos a pagar por las generaciones futuras, aunque los intereses ya deben pagarlos las actuales cada seis meses. Y todo porque más de trescientos mil funcionarios y contratados consumen el 78% de los ingresos tributarios ya cercenados al erario por la corrupción, la evasión impositiva y el contrabando.

Los paraguayos de mañana tendrán que devolver el dinero que los de hoy toman prestado, porque muchos de ellos viven a costa del Estado y otros le privan de sus ingresos genuinos, sin que el Gobierno se empeñe en reducir el gasto público achicando el elefantiásico aparato estatal, ni en incrementar la recaudación persiguiendo con vigor a quienes defraudan al fisco.

El exministro de Hacienda César Barreto ha vuelto a llamar la atención sobre el ritmo del endeudamiento, que se volvería insostenible dentro de diez años si hubiera que colocar anualmente bonos soberanos por unos 1.000 millones de dólares. En su opinión, ya en 2023 no se podrán pagar los primeros vencimientos de bonos soberanos por valor de 780 millones de dólares, salvo que vuelvan a emitirse otros a diez años de plazo.

El endeudamiento creciente está ligado al déficit, que también va en aumento, estimándose que el próximo año llegará al 2,5%, pese a que la Ley de Responsabilidad Fiscal fija un límite del 1,5%. Hasta ahora no ha resultado difícil conseguir recursos mediante el sencillo expediente de apelar al mercado financiero internacional, dado que la calificación de riesgo del país es aún bastante buena. Empero, nada asegura que los bonos soberanos sigan teniendo la misma receptividad cuando se advierta que el país no está en condiciones de pagar los primeros vencimientos. Las condiciones podrían ser cada vez más duras y el interés de los compradores mucho menor, hasta el punto de que se llegue al default o quiebra estatal porque los bonos soberanos ya no pudieron ser colocados, es decir, porque el “bicicleteo” llegó a su fin. La amarga y reciente experiencia argentina debe enseñar al Gobierno a ser mucho más prudente, porque el fácil expediente de endeudarnos puede tener consecuencias nefastas.

Es cierto que la emisión de bonos soberanos también sirve para financiar, entre otras cosas, obras de infraestructura y créditos agrícolas. El drama es que nuestra administración pública no solo es corrupta, sino también inepta. Su capacidad de gestión es bastante reducida, razón por la cual aún siguen depositados en el Banco Central más de 101 millones de dólares que ingresaron al Tesoro mediante las tres primeras colocaciones de bonos soberanos. Se están pagando intereses por un dinero que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Crédito Agrícola de Habilitación aún no han podido emplear.

El ministerio contrató en 2014, por diez millones de dólares, una asesoría en materia de “ejecución de proyectos”, sin que hasta hoy se vean los frutos de esa inversión. Como allí abundan los burócratas inútiles, no hay fondos suficientes para incorporar a técnicos idóneos y bien remunerados que puedan proyectar y fiscalizar las obras. O sea que incluso los recursos obtenidos para mejorar la infraestructura vial, entre otras cosas, pueden desaprovecharse o malgastarse por falta de personal calificado. Si no conviene endeudarse para pagar deudas, mucho menos es aconsejable pedir prestado cuando quienes van a gestionar los recursos no están en condiciones de hacerlo bien. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, sabe que la ejecución presupuestaria es baja y que la mano de obra del país no es muy calificada, según sus propias palabras.

En setiembre del año pasado, sostuvo que como “no hay suficientes ingresos, se recortan los gastos de capital”, pues “los gastos corrientes no se pueden cortar”. Es presumible, entonces, que el endeudamiento continúe creciendo, porque al actual Gobierno le falta el coraje de aligerar el aparato estatal de funcionarios y contratados superfluos. En todo caso, prefiere que de esa dura tarea se ocupen los próximos gobiernos. Como el presidente Horacio Cartes ha rechazado con tino el aumento de impuestos, pero no puede reducir los gastos corrientes, recurre al endeudamiento acelerado, dejando a cargo de quienes lo sucedan el manejo de la bomba de tiempo resultante. No parece una política propia de un estadista.