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Ayer se ha roto el orden constitucional en el Paraguay; una noticia que ya recorre el mundo. Veinticinco senadores que, agavillados, impulsan el desbloqueo de la prohibición constitucional de reelección por el ilegal atajo de la enmienda han perpetrado un golpe de Estado parlamentario, desconociendo a la máxima autoridad legalmente constituida de la Cámara Alta y las disposiciones de su reglamento interno. Los complotados –convocados por el vicepresidente segundo del Senado, el sinuoso Julio César Velázquez (colorado), quien para la maniobra usurpó el cargo de presidente al titular, Robert Acevedo (liberal)– representaron la grotesca farsa de aprobar el proyecto de “modificación” del reglamento interno del cuerpo, presentado el lunes por once senadores cartistas, luguistas y llanistas.
El objetivo final de esta jugada mafiosa es la aprobación de la soñada enmienda constitucional para permitir que el presidente Cartes se presente para el “rekutu”, al igual que otros expresidentes de la República, pese a que la Constitución taxativamente prohíbe que “en ningún caso” alguien que haya ejercido la presidencia vuelva a ser reelecto, salvo una reforma constitucional a cargo de una Convención Nacional Constituyente.
El bastión de resistencia contra la violación de la Constitución Nacional que vienen gestando los golpistas seguidores del presidente Horacio Cartes, del senador y expresidente Fernando Lugo, y del senador liberal cartista Blas Llano, es el Senado de la República. Los usurpadores de la voluntad popular lo sabían, por eso han decidido jugarse el todo por el todo atropellando la majestad de un Poder del Estado.
Obviamente, el principal instigador de este atropello al ordenamiento jurídico de la República es el presidente Horacio Cartes, quien dispuso el ilegal despliegue de fuerzas militares para acordonar la sede del Congreso en previsión de una eventual reacción de la ciudadanía ante el golpe parlamentario de sus seguidores y sus compañeros de ruta. Como bien lo señaló en su momento el exministro Horacio Galeano Perrone, el Presidente de la República no tiene potestad constitucional para el empleo de las Fuerzas Armadas salvo en casos de grave conmoción pública en que la Policía Nacional sea sobrepasada en su capacidad de control del orden. Digan lo que digan con posterioridad el presidente Cartes y sus funcionarios civiles y militares, él, como comandante en jefe de las FF.AA., se extralimitó en sus facultades constitucionales, por lo que es pasible de juicio político por tal causa.
¿Qué le resta al pueblo soberano ahora que se ha quebrantado la Constitución Nacional? RESISTIR por todos los medios a su alcance al amparo irrestricto del Art. 138 de la Constitución Nacional, que textualmente expresa: “Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que una persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución detenten el poder público, sus actos serán nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, quedará dispensado de su cumplimiento”.
Este texto constitucional no puede ser más claro. El pueblo paraguayo no puede reconocer al presidente “mau” del Senado, Julio César Velázquez, ni a sus seguidores, ni nada de lo que resuelvan.
Llegó la hora de la desobediencia civil y de la resistencia contra los violadores del ordenamiento legal de la República. La ciudadanía debe volcarse a las calles en defensa de la Constitución, que no es una simple ley que puede ser pisoteada por una circunstancial mayoría parlamentaria, ni por la Corte Suprema de Justicia, sino un contrato social concertado por toda la ciudadanía a través de una Convención Nacional Constituyente. Como en Ucrania, como en Corea, como en Venezuela, esta es la hora en que la sociedad civil paraguaya tiene que ponerse las pilas y manifestarse contra el retorno de la dictadura. Y debe hacerlo con igual o mayor entusiasmo con que en la mañana de aquel venturoso 3 de febrero de 1989 salió a las calles para festejar la defenestración del tirano.
Desde hoy, el Paraguay se encuentra en una encrucijada de su destino, el cual depende de la actitud que desde este momento y hasta las últimas consecuencias adopte el pueblo alzado contra los usurpadores. Es la hora de crucial definición: los paraguayos y paraguayas tenemos que optar por ser patriotas y democráticos, o serviles a una dictadura electoralista que se viene con todo para liquidar la democracia, que, con sus luces y sus sombras, nos ha garantizado libertad por casi 30 años.
Lamentablemente, ahora que nuestro contrato social ha sido miserablemente quebrantado por un presidente de la República con vocación de déspota y sus lacayos, los paraguayos y paraguayas nos vemos obligados a separarnos como sociedad en dos grupos antagónicos: el pueblo democrático decente y la corrupta élite gobernante empeñada en perpetuarse en el poder.
Nuestra democracia se echará a perder sin la persistencia de una robusta sociedad civil dispuesta a jugarse por ella en las buenas y, especialmente, en las malas, como ahora. Debemos activar una firme movilización civil contra los usurpadores, con activistas patriotas a lo largo y ancho del país, para frenar la pretensión del presidente Cartes de convertirse en dictador.