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Tal como se había anticipado, la Ley Nº 5476/15, que “establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, provocó la exclusión del sistema financiero de centenares de miles de personas de escasos recursos, que cayeron en las garras de los dueños de unas 175 “casas de crédito” –hasta entonces había 65– que les cobran un interés de hasta el 90% y operan sin control alguno del Banco Central del Paraguay (BCP), pese a que su cartera anual se estima en alrededor de 380 millones de dólares. En ellas se comete con toda impunidad el delito de usura –castigado por el Código Penal con hasta diez años de cárcel–, ante la inacción del Ministerio Público y de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), y la impotencia del BCP, que alega la necesidad de actualizar su ley orgánica para supervisar esos antros y mantenerlos en vigilancia.
A lo expresado debe sumarse que las “casas de crédito” no captan dinero del público, pues operan con un capital propio que bien puede provenir del narcotráfico, del contrabando o de otra fuente ilegal. O sea que también servirían para blanquear dinero sucio, una tarea que podría ser dificultada por una normativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vigente recién desde fines del año pasado, que obliga a registrarse ante ella a quienes dan créditos con capital propio.
Esas han sido, en suma, las nefastas consecuencias de una barbaridad populista que puso un tope a la tasa de interés de las tarjetas para “defender” a los usuarios, ignorando un informe técnico del BCP, según el cual dicha limitación impediría que los usuarios de bajos ingresos obtuvieran créditos de los operadores financieros. Se cumplió el pronóstico que ninguno de los legisladores ni el Presidente de la República tuvieron en cuenta, enceguecidos todos por una febril demagogia. Para ellos, la medida supuestamente buscaba beneficiar a la gente humilde. Quisieron presentarse como sus protectores, cuando los deplorables resultados indican que, en realidad, fueron sus victimarios.
Desestimaron la experta opinión del BCP para sancionar y promulgar la insensata ley propuesta por el senador Derlis Osorio (ANR), exintendente de Capiatá y exministro de Justicia y Trabajo, sin previa audiencia pública ni pedir el parecer de las entidades financieras afectadas. Por cierto, no debe excluirse que, aparte del populismo rampante, también haya jugado un papel el hecho de que más de un parlamentario entreviera la posibilidad de intervenir en un lucrativo negocio sucio, a través de testaferros.
Y bien, ahora se halla en estudio un proyecto de ley, presentado por el mismo insensato senador, con el que se pretende atenuar los funestos efectos de la Ley Nº 5476/15, gestada por él en muy mala hora, modificando la base de cálculo del tope en función de los Certificados de Depósito de Ahorro y ya no del promedio de la tasa pasiva, que incluye los ahorros a la vista, con un interés por debajo del 1%. De este modo, el límite actual del 15% –una de las tasas más bajas en la región– subiría al 24%, pero seguirá siendo inferior a la de los créditos de consumo, que es del 29%.
Al respecto, en el editorial del 4 de octubre de 2015, este diario afirmó que la desatinada ley “no necesita un remiendo (...), sino una sepultura, por el bien de aquellos a quienes supuestamente busca defender”. Debe ser lisa y llanamente derogada, por la razón de fondo de que, como todo producto financiero, la tasa de interés debe ser fijada por el mercado y no por una ley. Lo dijo el economista-jefe del BCP, Miguel Mora, quien añadió que así se podría recuperar a los usuarios que abonaban una tasa del 45%, muy inferior a la que tienen que soportar tras ser excluidos del sistema financiero y caer en el campo de la usura.
Por lo demás, los costos financieros de los préstamos lícitos están disminuyendo debido a la gran liquidez del sistema y al bajo índice de inflación, de modo que cabría esperar que incluso se reduzca la tasa de los préstamos personales al consumo. Los beneficiarios de la derogación de la pésima ley serán quienes se vieron forzados a caer en las garras de unos delincuentes de guante blanco, que recogieron los frutos de un desatino colosal.
Los demagogos desconocen que la economía de mercado, adoptada por el art. 107 de la Constitución, toma venganza en los hechos cuando se intenta regularla mediante una normativa como la comentada. Lo que suele ocurrir es que muy pronto surge un mercado negro que aprovecha la situación, como cuando se opta por un tipo de cambio fijo y no por uno que fluctúe según la ley de la oferta y la demanda. Esta fue vulnerada por la Ley Nº 5476/15, que restringió la oferta y obligó a la demanda a recurrir a voraces prestamistas, que expandieron sus actividades delictivas para atender a la clientela regalada por el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Lo que corresponde es que la mencionada norma sea derogada, porque así se favorecerá a los pequeños usuarios de tarjetas de crédito, se limitará el campo de acción de los usureros y se fomentará la transparencia del sistema financiero.