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Denunciar objetiva y verazmente la consolidación de la narcopolítica en los departamentos de Amambay, Alto Paraná y Canindeyú –en particular en el último de ellos–, y el peligro que esta simbiosis del crimen organizado transnacional con el poder político electivo representaba para la institucionalidad de la República, fue la valiente y patriótica misión que se propuso nuestro intrépido compañero de tareas Pablo Medina. Lamentablemente, manos asesinas truncaron su vida antes de que pudiera conquistar el objetivo propuesto. Pero, irónicamente, lo que no pudo conseguir en vida, lo está consiguiendo tras su paso a la eternidad.
El brutal impacto emocional que sacudió la conciencia pública con motivo de su alevoso asesinato ha tenido el efecto de un tsunami político que despertó de su sopor a todo el pueblo paraguayo, haciéndole ver el ominoso espectro de la narcopolítica que, de no ponérsele freno, puede llevar a nuestro país a la tragedia que hace dos décadas sacudió a Colombia y posteriormente a México, hasta la actualidad, pese a los esfuerzos del Gobierno Federal azteca para ponerle freno, y lo que es más trágico aún, que ha causado cientos de miles de víctimas inocentes. Así, pues, puede decirse que la heroica muerte de nuestro compañero de tareas no ha sido en vano.
La siniestra alianza del crimen organizado transnacional con las élites políticas embanderadas con las enseñas de los dos partidos políticos tradicionales ha permitido a los cárteles mafiosos que operan en la frontera seca con el Brasil adquirir tremenda influencia y poder, hasta el punto de anular la débil autoridad con que el Estado se ha hecho presente tradicionalmente en dichas zonas fronterizas. Esta dramática realidad política ha quedado al descubierto con las investigaciones que las autoridades policiales y judiciales están llevando a cabo para dar con los autores materiales y morales del cobarde crimen que acabó con la vida del periodista de nuestro diario, quien tuvo el coraje de hurgar en el tenebroso ámbito del crimen organizado transnacional que se ha hecho dueño del poder político electivo en dichos departamentos; desde la representación departamental en el Congreso y la gobernación hasta el último intendente municipal, pasando por los colegiados de concejales departamentales y municipales.
De ese modo, los capomafiosos se han asegurado el blindaje político indispensable para realizar impunemente sus actividades ilícitas, sin interferencia de las autoridades nacionales encargadas de velar por el orden y el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Aunque estos agentes del Gobierno están institucionalmente instalados en dichos departamentos, en la práctica han sido funcionalmente neutralizados por medio del soborno o la intimidación. Ni siquiera la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) –pese a contar con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para su cometido institucional– se ha animado hasta ahora a encarar lo que nuestro valiente compañero de investigación periodística Pablo Medina tuvo el coraje de hacer: un veraz dossier del accionar de la narcopolítica que actualmente tiene en su poder el gobierno de dichos departamentos por intermedio de títeres, socios, cómplices y encubridores catapultados a cargos electivos nacionales y departamentales por el crimen organizado con el dinero de sus actividades criminales.
Los reveladores y desconcertantes testimonios rendidos últimamente por policías, fiscales, jueces y agentes antidrogas que han desempeñado funciones en dichos departamentos controlados por la narcopolítica, y que recién ahora que el Gobierno nacional está tomando al toro por las astas se animan a denunciar, coinciden en señalar el virtual control que los mafiosos ejercen impunemente en todos los ámbitos de la administración pública en esos departamentos fronterizos y el peligro a que se exponen los funcionarios que pretendan hacer cumplir la ley y el orden, como les corresponde. Ahí está, por ejemplo, el crudo testimonio del comisario Juan Barúa, jefe del Departamento de Investigación de Delitos de Canendiyú, en el sentido de que, capturado un delincuente con droga, el poder narcopolítico departamental disponía su inmediata liberación y el concomitante traslado del agente de la ley a otro destino, en represalia.
Este testimonio es también coincidente con los brindados en días recientes por el senador liberal Robert Acevedo y el colorado Mario Abdo Benítez, en el sentido de que la Senad tendría un dossier que involucra a senadores y diputados con el crimen organizado del narcotráfico. Estos calificados testimonios se han visto confirmados con la huida de los dos principales sospechosos del mandato y autoría del crimen de Pablo Medina, el intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, y su hermano Wilson, respectivamente. Iniciativa atribuida a la activación del mecanismo de protección de los facinerosos por parte de la diputada departamental de Canindeyú, Cristina Villalba, quien, debido a que todos los indicios de culpabilidad apuntaban hacia su amigo personal y protegido político, el intendente de Ypejhú, llamó también al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, intercediendo por el sospechoso de ser el autor moral del asesinato de nuestro colega Pablo Medina.
Como en Colombia en su tiempo y en México actualmente, aquí el presidente Horacio Cartes también debe declarar la guerra al crimen organizado transnacional instalado en los departamentos de frontera seca con el Brasil. Del resultado de esa guerra va a depender que el Paraguay sea lo que los paraguayos y paraguayas ansían..., o lo que los narcopolíticos imponen.
Si el Primer Mandatario asume con el coraje necesario la guerra contra este flagelo que como un hongo maligno está horadando las bases mismas de nuestra sociedad, puede tener por seguro que merecerá, como ningún primer mandatario de los últimos tiempos, el reconocimiento y la gratitud de todo el pueblo paraguayo.