Cargando...
Hace unas dos semanas, las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) repartieron entre sus funcionarios nada menos que diez millones de dólares en concepto de “¡buen servicio!”. A esas mismas personas les obsequiarán graciosamente otros 1,6 millones de dólares por un ridículo concepto al que denominan “ayuda vacacional”.
Lo de “buen servicio” es, obviamente, un eufemismo para intentar disfrazar una simple y vulgar abusiva repartija de dinero ajeno, del aporte de trabajadores y empleadores, que realizan autoridades institucionales y funcionarios corrompidos por la política populista y por la ambición desmedida y el nulo sentido de lo que debe ser la conducta ética personal en el cuidado de los intereses ajenos.
El engaño de esta clase de operaciones se revela a sí mismo sin ningún esfuerzo, porque, si realmente se tratara de premiar el buen servicio de los funcionarios, en cualquier institución con las características del IPS tendría que haber reglas de cualificación, un método formal y oficialmente aprobado para calcular la calidad de las prestaciones laborales y un tribunal, consejo o jurado compuesto por personas de dentro y de fuera del Instituto que decidiera periódicamente, con criterios objetivos y transparentes, quiénes tienen derecho a la gratificación y quiénes no.
Allí no hay nada de eso. Son gratificados todos los funcionarios, sin discriminación, al barrer; incluyendo a los que están sumariados por faltas y hasta a los que están cesantes o ya dejaron de cumplir funciones. El caso es tan oscuro que da para imaginar lo peor.
Lo de “ayuda vacacional” es para sentarse a reír, por lo disparatado y absurdo del concepto (como si se necesitara ayuda para tomar vacaciones), si no fuera por la indignación que causa ver de qué forma tan descarada se inventan en nuestro país estas nuevas maneras de corromperse los funcionarios públicos y sus complacientes asociados circunstanciales, los políticos, de esos políticos que aprovechan su paso ocasional por el Congreso nacional para dilapidar bienes ajenos en provecho propio.
Porque, en efecto, todos estos regalos del dinero de los aportantes del IPS que se perpetran con los pretextos mencionados ¡están previstos en la Ley de Presupuesto General de Gastos! De manera que los descarados que manejan estas vergonzosas repartijas tienen la maravillosa excusa de decir que “son legales”, que fueron convertidos en “derechos de los trabajadores” por voluntad de los legisladores, por “los representantes del pueblo”, que así se convierten en vulgares cómplices del carnaval del dinero público.
Luego viene la segunda etapa de la tramoya: declarar que tales prebendas son “derechos laborales conquistados”, con lo que, en términos populistas, se los pretende elevar al nivel de principio jurídico inalienable e inamovible, es decir, que nunca más puedan ser corregidos ni suprimidos por futuros legisladores. O sea, es la vulneración más grotesca del principio constitucional de que el interés general siempre está por encima del interés de un grupo de personas.
De modo que cada guaraní que los dirigentes sindicales corruptos les arrancan a los políticos populistas (a cambio de no importa qué) pasa a convertirse en una hipoteca eterna sobre el pueblo. De seguirse con ese “principio” inventado por ellos –que, pese a su inconstitucionalidad y a su inmoralidad intrínsecas, lamentablemente nuestros tribunales convalidan invariablemente–, todas las generaciones futuras pasan a convertirse en deudores sempiternos e irredimibles de los “derechos laborales adquiridos”.
Ahora resulta que a los funcionarios del IPS hay que darles “ayuda” para que se vayan de vacaciones. O sea, más dinero a cambio de nada. Súmense a esto esas otras modalidades venales que inventaron antes, como las autorretribuciones o premios que los ministros, viceministros y altos funcionarios de la administración pública se hacen a sí mismos, lo cual también ¡está previsto en la ley! Decenas de millones de guaraníes que se obsequian sin que medie siquiera un pequeño examen de eficiencia, para justificar si merecen o no tales regalos.
Todo esto, por supuesto, constituye deshonestidad pura y simple. Pero es una corrupción institucionalizada por la misma ley, lo cual nos pinta de cuerpo entero como país y como Estado, y a nuestros gobernantes, como políticos.
Y esto explica, asimismo, por qué al IPS no le alcanzan los ingentes recursos que recauda mensualmente para pagar el costo de ciertos medicamentos de uso masivo, por qué no tiene suficiente cantidad de profesionales ni puede pagarles a todos puntualmente sus sueldos, por qué adolece crónicamente de falta de elementos, de insumos; por qué tan a menudo no funcionan sus sistemas de refrigeración, sus ascensores y algunos de sus equipos; por qué no puede descentralizar sus servicios ni mejorar la calidad de los mismos en el nivel más frecuentemente demandado; etc., etc.
La venalidad explica muchos fenómenos y parece que los paraguayos ya estamos habituados a convivir con ella; lo que nunca dejará de sorprender e indignar es que se haya arraigado tanto, que haya llegado a niveles tan institucionalizados, que varias de sus prácticas hayan sido incluidas en las mismas normas. Porque con esto de los premios, “ayudas” y autorretribuciones puede afirmarse, con toda propiedad, que la inmoralidad logró hacerse un lugar en el núcleo mismo del sistema legal, nada menos que en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación, en este caso.
Si no quieren continuar siendo cómplices de los abiertos asaltos al dinero de los contribuyentes y aportantes que legisladores y sindicalistas inescrupulosos e inconscientes consagraron en el pasado, los actuales “representantes del pueblo” tienen la obligación de impulsar un proyecto de ley para poner fin a estos desvergonzados zarpazos a las arcas públicas.