06 de Julio de 2013

 

Se deben cumplir las condiciones para pensiones graciables

Es encomiable que el nuevo Senado haya iniciado el periodo legislativo rechazando dos proyectos de leyes de pensión graciable, previamente aprobados por la Cámara de Diputados. Ya era hora de que se pusiera coto a una práctica tan abusiva que permite a muchos legisladores beneficiar con el dinero público a quienes se les antoja, sin tener en cuenta los requisitos previstos por ellos mismos en la Ley 4027/10, que regula la concesión y el aumento de las pensiones graciables. Sin duda, hay muchas personas que sufren todo tipo de necesidades y otras que solo quieren vivir a costa de los demás. En cualquiera de los casos, los legisladores no tienen por qué disponer del dinero público en favor de quienes tienen la suerte de llegar a ellos y conseguir su patrocinio.

Es encomiable que el nuevo Senado haya iniciado el periodo legislativo rechazando dos proyectos de leyes de pensión graciable, previamente aprobados por la Cámara de Diputados. Ya era hora de que se pusiera coto a una práctica tan abusiva que permite a muchos legisladores beneficiar con el dinero público a quienes se les antoja, sin tener en cuenta los requisitos previstos por ellos mismos en la Ley Nº 4027/10, que regula la concesión y el aumento de las pensiones graciables. En realidad, al sancionarse esta ley, con la que se pretendió que ya no fueran discrecionales, las pensiones dejaron de ser “graciables”, palabra que alude a lo que se puede otorgar sin sujetarse a norma alguna.

Como las leyes tienen igual jerarquía, los legisladores continuaron otorgando pensiones a su antojo, sin que la ley respectiva pueda ser impugnada por alterar el sistema constitucional de prelación de normas. Para ejemplificar que las pensiones siguieran siendo otorgadas graciosamente, basta referir, entre tantos casos, que en diciembre de 2012 fue beneficiada con 1.500.000 guaraníes mensuales una niña que tendría problemas de salud. Aparte de otras condiciones, la ley antes citada impone que los beneficiarios tengan por lo menos 60 años y hayan prestado significativos y perdurables servicios al país.

Sin duda, hay muchas personas que sufren todo tipo de necesidades y otras que solo quieren vivir a costa de los demás. En cualquiera de los casos, los legisladores no tienen por qué disponer del dinero público en favor de quienes tienen la suerte de llegar a ellos y conseguir su patrocinio. Si se aceptara que todo aquel que no tuviera los “ingresos necesarios para una vida digna” pueda recibir una pensión graciable, el presupuesto nacional sufriría una sangría de enormes proporciones.

Si en 2010, año de la supuesta reglamentación del otorgamiento de las pensiones graciables, había 438 beneficiarios que recibieron en total unos cinco mil millones de guaraníes, y en 2012 fueron ya 472 los que cobraron en conjunto 5.998 millones, los 519 agraciados de hoy ya han exigido una erogación fiscal de 2.255 millones de guaraníes en los primeros cuatro meses. Esto significa que hasta el último abril ya se ejecutó el 31% del rubro correspondiente, pues el Presupuesto Nacional de 2013 le asigna 7.200 millones de guaraníes. Felizmente, ese objeto de gasto no puede ser ampliado ni reprogramado, así que el rechazo del Senado a los dos nuevos intentos de medrar a costa del erario respondería también a una simple prudencia presupuestaria.

Las pensiones graciables, que en principio son vitalicias, se van acumulando cada año, con el consiguiente aumento del respectivo rubro. Entre enero y abril últimos fueron favorecidas 54 personas y solo siete fueron dadas de baja porque fallecieron o porque desapareció el motivo de la pensión.

Si todos los pobres tuvieran derecho a recibir una pensión graciable, tendrían que recibirla todos y no solo algunos. El criterio seguido por los legisladores para beneficiar a unos y no a otros era, de hecho, totalmente arbitrario. También resultaba arbitrario y manirroto el Poder Ejecutivo, ya que no se sabe que haya vetado la concesión de alguna pensión graciable otorgada contra las disposiciones de la Ley N° 4027/10. Si los parlamentarios y el presidente de la República quieren ser generosos, que lo sean con el dinero que sacan de sus propios bolsillos y no con el dinero público, que podría tener mucho mejores destinos que el de “ayudar” a quien no reúne ni siquiera una de las condiciones exigidas por la mencionada ley.

Hasta ahora, el Congreso no había venido respetando la reglamentación que él mismo se había dado para acabar con el desenfrenado derroche de fondos públicos en forma de pensiones graciables otorgadas a muchos que no merecían recibirlas. A partir de lo resuelto últimamente por el Senado, es de esperar que la pensión graciable no siga siendo objeto, en gran medida, de un repudiable manejo prebendario a costa de la satisfacción de necesidades sociales. Para concederla, habrá que dar estricto cumplimiento a todas las condiciones establecidas en la Ley Nº 4027/10. Si no existiera la intención de cumplirla y hacerla cumplir, habría que derogarla, porque no tendría ningún sentido. Creemos que lo sigue teniendo, pese a las reiteradas transgresiones. De lo que se trata es de otorgar una pensión a quien realmente satisface las condiciones que ella exige.

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