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“El gobernador Alfonso Noria Duarte, con apoyo de otros actores políticos de Canindeyú, montó una ASOCIACIÓN CRIMINAL, que llevó finalmente a un esquema de enriquecimiento ilícito que le permite llevar un estilo de vida en total desacuerdo con sus ingresos. Además, permite inferir que, cuando menos, estaría causando un grave perjuicio al erario público departamental…”. Es lo que dice el rotundo informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que se constituyó tras el asesinato de nuestro corresponsal Pablo Medina y de la joven Antonia Almada, y que fue presentado en junio del 2015. El documento fue entregado posteriormente al Ministerio Público, que por fin ahora comenzó a ocuparse del tema ante la notoriedad que cobró el caso. Debió hacerlo mucho antes, considerando la jerarquía del órgano que la formuló y los serios indicios de que Noria Duarte aumentó notablemente su patrimonio durante el ejercicio de la función pública.
Entretanto, y por iguales motivos, la Contraloría General de la República debe ejercer las facultades que le otorga la Ley N° 5033/13, en caso de que el gobernador haya presentado su declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber asumido el cargo. Entre otras cosas, le autoriza a investigar la veracidad del contenido de la declaración (art. 4°), inspeccionando libros, cuentas bancarias, documentos, facturas y “otros elementos” que estén en su poder o en el de otras personas físicas o jurídicas, incluidos funcionarios públicos (art. 9°). En este caso, la última disposición puede resultar muy útil, ya que el gobernador habría formado una “asociación criminal” con otros políticos del departamento.
La CBI reveló, entre otras cosas, que el denunciado vive en un inmueble de 5 ha valuado en tres millones de dólares, en tanto que en el Chaco posee uno de 20.000 ha: el primero está a nombre de su madre, y el segundo a nombre de su hermana. Como se suele recurrir a testaferros para ocultar los bienes mal habidos, la referida ley prevé que, ante la necesidad de ampliar las investigaciones sobre el patrimonio de terceras personas, la Contraloría les pida informes o documentos y que acceda a archivos, papeles, registros o cajas de seguridad (art. 12). También esta norma resultaría aquí provechosa, dado que la CBI sostuvo que “se enriquecen ilícitamente tanto él (Noria Duarte) como sus familiares más cercanos y sus ‘asociados’ comerciales”. La Contraloría también debería investigar quién es el verdadero dueño de la Constructora 8 de Diciembre, que “siempre ganó licitaciones y ha hecho obras en la Gobernación”, según el gobernador. Concejales departamentales opositores denunciaron varias veces que las obras que se le adjudicaron nunca fueron realizadas o estuvieron sobrefacturadas.
En fin, el trabajo debería resultarle fácil al órgano constitucional de control si decide, como corresponde, actuar de oficio ante un informe oficial. Noria Duarte sostiene que a los políticos les importa el voto y no quién lo emite ni quién les acompaña “para llegar”. En otras palabras, estaría dispuesto a comprarlo, acaso con el dinero donado por narcotraficantes.
La Contraloría tiene una brillante oportunidad para demostrar que no es un organismo de papel cuando se trata de personajes influyentes con padrinos poderosos, y que no está solo para perseguir a ladrones de gallinas y bicicletas.