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El Senado revocó una resolución por la cual su presidente, Blas Llano, había anulado el pago de las gratificaciones que sus 553 funcionarios, así como los 362 del Congreso, debían percibir en septiembre y diciembre de este año. Como la decisión rige para el futuro, solo quedaría sin efecto el pago del tercero de los cuatro “aguinaldos” adicionales presupuestados. Esto significa que en tales conceptos se abonarán este año algo más de 12.344 millones de guaraníes, es decir, unos 3.500 millones más de lo que se gastaría si la medida del ordenador de gastos hubiera sido respetada. La revocación en beneficio de los paniaguados de los legisladores y en perjuicio de la población fue dispuesta por unanimidad, a pedido de la senadora Desirée Masi, que se dice estar tan preocupada siempre por las carencias de la salud pública.
Cuando el titular de la Cámara Alta resolvió en julio eliminar las dos gratificaciones pendientes de pago, sus colegas no mostraron ningún desacuerdo: también ellos sabían de la general indignación causada por el enorme derroche en materia de retribuciones en el sector público. Ahora creyeron oportuno aprovechar que el narcotráfico está atrayendo desde hace un mes la atención de la gente. Vuelven a las andadas porque, aparte de que otra calamidad ha ocupado el primer plano, confían en que la memoria de la ciudadanía sea lo bastante corta como para olvidar el escándalo desatado hace menos de un año. Entonces, hoy resulta que la medida revocada fue injusta, que el pago de las gratificaciones insume solo una parte “ínfima” del presupuesto del Senado y que las partidas para el efecto deben ser usadas por el simple hecho de que ya están presupuestadas.
El recorte inicial habría angustiado a muchos funcionarios, es decir, a los parientes, amigos, planilleros y operadores políticos de los legisladores, que vagan por los pasillos del Palacio Legislativo porque no solo no tienen nada que hacer, sino que ni sillas para sentarse. Gozan del privilegio de estar allegados a quienes sancionan el presupuesto; así que la mayoría tiene un salario de entre cinco y siete millones de guaraníes mensuales, al que deben sumarse las retribuciones complementarias, sin olvidar tampoco que el fisco les paga un seguro privado que cubre a toda su familia. Ganan muchísimo más que quienes en verdad realizan tareas similares en el sector privado, y que no suelen ser premiados con una suerte de aguinaldos extraordinarios por cumplir con su deber. Los “pobrecitos” habrían quedado afligidos y los senadores –siempre tan generosos con el dinero ajeno– decidieron mantener una flagrante injusticia que crea una casta de privilegiados en relación a los demás trabajadores del país.
En realidad, lo aberrante es que esos haraganes vivan a costa de los contribuyentes, ocupando puestos innecesarios y teniendo unos ingresos desmedidos. También lo es que tengan unas gratificaciones que no perciben todos los demás servidores públicos, ni incluso los contratados –ilegalmente– por el Senado y el Congreso para hacer o no hacer lo mismo que ellos. Por si haga falta decirlo, lo justo sería que todos dejen de percibirlas.
En cuanto a eso de que el monto de los “aguinaldos” adicionales sea relativamente insignificante, atendiendo el volumen del presupuesto, solo cabe preguntarse –y sería saludable que lo haga también la senadora Masi– cuántos remedios o jeringas pueden comprarse con esos miles de millones de guaraníes dilapidados en estos parásitos. Los senadores parecen ignorar que ese dinero que despilfarran no les pertenece ni cae del cielo, sino que proviene del sudor de sus conciudadanos que pagan sus impuestos. No pueden hacer con él lo que les dé la gana, sino solo aquello que responda al interés general, tan distinto del de sus protegidos.
Si bien los fondos asignados en este caso sean solo una parte pequeña del presupuesto, deben ser empleados, como corresponde, solo cuando haya necesidad de hacerlo. En el caso en cuestión, los destinados al pago de los “aguinaldos” adicionales nunca debieron haberse incluido en el presupuesto del Senado porque son injustificados. El hecho de que ya han sido presupuestados no supone que exista la obligación de erogarlos, a diferencia de la que existe con respecto al pago de los salarios.
Lo resuelto por los senadores de todo pelaje muestra de nuevo que la reducción del gasto público les importa un bledo, y que están dispuestos a seguir repartiendo el dinero del pueblo como se les antoje. Podrán haber sancionado a las cansadas la Ley de Responsabilidad Fiscal o tendrán otra que regula la concesión de pensiones graciables, pero lo que en realidad hacen es derrochar a manos llenas el dinero público, ignorando la letra y el espíritu de las normas que ellos mismos aprueban. Algunos de ellos censuran a los corruptos y se llenan la boca con el concepto “justicia social”, pero a la vez distribuyen verdaderas limosnas para contar con estómagos agradecidos. Nuestros parlamentarios pueden discrepar en muchas cosas, pero en lo único que todos siempre coinciden es en que está bien valerse del presupuesto para favorecer a su clientela.
Se ha visto una vez más que el dispendio tiene un carácter interpartidario; así que la pertinente repulsa ciudadana debe comprender a todos los colores. Se impone que la sociedad civil haga saber a esos desvergonzados que no deben seguir tomándole del pelo, y que si quieren favorecer a sus acólitos parásitos, que lo hagan con dinero sacado de sus propios bolsillos. El dinero público que hacen llover sobre los suyos debe servir para atender las necesidades permanentes del pueblo y no de un pequeño grupo de personas que actúan como vividores consentidos por quienes traicionan el voto popular.