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Con buen criterio, aceptando las críticas realizadas por la prensa y calificados técnicos paraguayos, el presidente Horacio Cartes decidió cancelar el préstamo del Japón para el proyecto de la presa Yguazú que desde un comienzo apareció salpicado de dudas e irregularidades. Al cancelar el préstamo, el proyecto queda sin efecto. Ello no implica, empero, que la idea quede definitivamente descartada. En el futuro pueden darse condiciones propicias para reformularla en función de una relación de costo-beneficio claramente aceptable. Al respecto, basta recordar que existe un proyecto alternativo presentado por ingenieros paraguayos –de mucho menor costo que el ahora descartado– que bien podría servir al Gobierno como opción para el caso de que decida retomar el proyecto con mejores parámetros técnicos, financieros y de gestión que el que acaba de desechar.
Aunque la principal razón de la acertada decisión del Presidente sea económica, no por eso ella deja de tener una saludable connotación política, porque reconfirma en un hecho concreto de mucha importancia su solemne promesa de “gobernar con honestidad y patriotismo”, formulada hace algún tiempo en el recinto del Regimiento Escolta Presidencial en ocasión de celebrar esta unidad militar su épica efemérides.
De hecho, más allá de los factores de naturaleza económica y financiera, también tuvo que haber influido en el ánimo del Presidente de la República la desprolijidad administrativa, rayana en corrupción flagrante, que por casi una década ha caracterizado a la gestión de las sucesivas autoridades superiores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con relación al proyecto de maquinización de la presa Yguazú.
Tantas han sido las idas y venidas, subidas y bajadas del malhadado proyecto en cuanto a la nebulosa gestión de los altos funcionarios de la ANDE y la sospechosa conducta técnica y comercial de la consultora japonesa Koei Ltd., que con el correr del tiempo ha provocado la emergencia de una conciencia pública de fuerte sospecha de que, en verdad, tras bambalinas el proyecto estaba sirviendo como fachada para estafar al Estado, como ocurrió durante la dictadura de Stroessner con los elefantiásicos proyectos de INC y Acepar. Lo que nuestro diario ha venido haciendo desde entonces no ha sido otra cosa que reflejar de vuelta el eco amplificado de esa desconfianza pública, con el ánimo de que bajo gobiernos democráticos no se vuelvan otra vez a cometer impunemente las mismas estafas contra el Estado.
Nuestra insistencia con relación a este proyecto plagado de irregularidades técnicas, administrativas y comerciales se ha sostenido en la creencia de que la corrupción corroe la legitimidad popular de la democracia, porque desnaturaliza el concepto de transparencia de la gestión pública y de la igualdad ante la ley, lo cual, a su vez, debilita la posibilidad de hacer que los funcionarios del Gobierno sean responsables de sus actos, desde el último policía hasta el presidente de la República. Lamentablemente, en vez de cooperar con el afán periodístico de transparentar su gestión ante la opinión pública, sistemáticamente las altas autoridades de la ANDE han rehuido toda ocasión de brindar a la prensa precisiones mínimas acerca de los engorrosos procesos licitatorios, o de la relación contractual de la consultora japonesa Koei Ltd. con la ANDE.
Para quienes han venido siguiendo los tortuosos pasos del gerenciamiento del proyecto Yguazú –entre ellos, nuestro diario–, la dinámica de la corrupción inherente al mismo ha estado dirigida por las sucesivas autoridades superiores de la ANDE, la citada consultora japonesa y un oculto grupo de interés mafioso vinculado a esta desde el principio y que, merced a las condiciones de “crédito atado” de financiación, ha podido mantenerse en la sombra. No resulta extraño, entonces, que antes de iniciarse siquiera los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica ya se hayan alzado con más de US$ 25 millones.
Obviamente, con semejante esquema de estafa programada contra el Estado, el interés de este grupo mafioso está centrado en la maximización del costo de la obra, para que ellos puedan embucharse la máxima ventaja posible. Cuanto más demoraba la construcción de la obra y cuanto mayor sea su costo, tanto mejor para la consultora Koei Ltd. y sus asociados encubiertos: los funcionarios de la ANDE y el grupo secreto de interés que entre bambalinas maneja el chanchullo.
Por las razones expuestas, la decisión del presidente Horacio Cartes de cortar por lo sano y poner punto final a esta virtual conspiración contra los intereses del Estado paraguayo, sin duda será bien recibida por la ciudadanía y fortalecerá la credibilidad pública en su promesa de combatir la corrupción.
En la medida en que el gobierno del presidente Cartes demuestre con hechos su propósito de honestidad y patriotismo, como en este caso puntual de poner fin al vergonzoso negociado que por más de cinco años los concusionarios de la ANDE han venido apañando en beneficio de ladrones de cuello blanco, habrá mayor confianza en su política de gobierno. Aunque el fin del despilfarro de dinero público en el proyecto Yguazú no vaya a resolver todos los desafíos del desarrollo económico que se propone, la sensata medida de autoridad presidencial va a fortalecer la confianza pública en su estrategia de desarrollo sustentable, que busca romper el círculo vicioso de la pobreza que agobia a gran parte de la población.