Sensato veto del Poder Ejecutivo a ley sobre la aviación comercial

Pese a que, según la Dinac, el país no tiene bastantes pilotos capaces de comandar vuelos comerciales, el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que exige la nacionalidad paraguaya a quienes realicen tareas aeronáuticas, tanto en tierra como en los aviones de matrícula nacional y en los de matrícula extranjera alquilados por operadores paraguayos. La iniciativa, vetada íntegramente por el Poder Ejecutivo, porque antepone la nacionalidad a la idoneidad, afecta la creación y el crecimiento de empresas aéreas nacionales y contradice el Convenio Cielos Abiertos suscrito por nuestro país. La nacionalidad no debe ser un factor de exclusión en materia laboral para nadie. Si la conectividad del Paraguay con el mundo ya está dificultada por su condición mediterránea, esta ley solo servirá para entorpecerla aún más. Confiamos en que el Senado tenga, en su reunión del martes próximo, la sensatez necesaria para aceptar el veto del Poder Ejecutivo y no se deje dominar por el chauvinismo y el populismo que son los argumentos más fuertes que sostienen la proteccionista ley en discusión.

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Pese a que, según la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el país no tiene bastantes pilotos capaces de comandar vuelos comerciales, el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que exige la nacionalidad paraguaya a quienes realicen tareas aeronáuticas, tanto en tierra como en los aviones de matrícula nacional y en los de matrícula extranjera alquilados por operadores paraguayos. Según dicha ley, por razones técnicas, la Dinac podría autorizar un porcentaje de personal extranjero por un plazo no mayor de un año, vencido el cual podría admitirse “excepcionalmente” la continuidad de los extranjeros como instructores de vuelo, durante no más de 180 días. La iniciativa, vetada íntegramente por el Poder Ejecutivo, porque antepone la nacionalidad a la idoneidad, afecta la creación y el crecimiento de empresas aéreas nacionales y contradice el Convenio Cielos Abiertos suscrito por nuestro país.

Pese a los razonables argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo en su veto, este fue rechazado por la Cámara Baja el último 14 de agosto, de modo que si el Senado no se expide al respecto hasta este martes, la ley tendrá sanción automática o ficta y el Poder Ejecutivo deberá promulgarla, aun cuando “está imbuido de resabios chauvinistas de índole populista y totalmente disociado de la realidad aeronáutica del país”, como bien ha comentado el experto compatriota Alejandro Piera.

Esa realidad indica que solo 78 paraguayos tienen licencia de la Dinac para ser comandantes de aeronaves comerciales. Siendo así, es claro que la limitación impuesta no solo impedirá que se instalen nuevas empresas, sino también que la única que tiene su base de operaciones en el Paraguay pueda aumentar sus rutas y frecuencias de vuelo. Es claro que, en estas condiciones, no se invertirá en el sector si el personal calificado para pilotar aviones de gran porte es insuficiente. Y aunque lo hubiera, los pilotos paraguayos deben competir en buena ley con sus colegas extranjeros, tal como lo hacen los compatriotas que ejercen otras profesiones. Ellos, lo mismo que quienes deseen trabajar como azafatas, comisarios de vuelo o mecánicos, no tienen por qué gozar de semejante privilegio. Lo único atendible a la hora de contratar al personal aeronáutico debe ser la idoneidad, avalada por licencias y habilitaciones, tal como lo dispone el art. 93 del Código Aeronáutico, que se pretende modificar. Como dice el Poder Ejecutivo, la modificación hace que la nacionalidad se imponga sobre la idoneidad, impide la innovación tecnológica y ampara a quienes, en un ambiente de grandes y permanentes avances, han ganado experiencia con aviones viejos.

Los impulsores de esta ley deben recordar también que muchos paraguayos están trabajando para compañías aéreas extranjeras. No han sido marginados debido a su nacionalidad, tal como el proyecto de ley pretende hacer en nuestro país con quienes no sean paraguayos. El Paraguay necesita abrirse a la inversión extranjera y al personal calificado de todas partes del mundo. La nacionalidad no debe ser un factor de exclusión en materia laboral para nadie, más aún porque estamos embarcados, mal que bien, en un proceso de integración regional que conlleva la libertad de circulación de las personas en general y de los trabajadores en particular. Si la conectividad del Paraguay con el mundo ya está dificultada por su condición mediterránea, el proyecto de ley solo servirá para entorpecerla aún más; ella es mucho más importante que el lugar de nacimiento de los pilotos, las azafatas, los comisarios de vuelo o los mecánicos. Y conste que el transporte aéreo es el más indicado, en el mundo de hoy, para reducir el aislamiento secular de nuestro país.

El proyecto de ley responde a una mentalidad aldeana, anacrónica, que conspira contra el desarrollo y se aparta del espíritu del Convenio Cielos Abiertos, propiciado por la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y suscrito por nuestro país. Ese acuerdo, que busca reducir la intervención estatal en los servicios aéreos de pasajeros, carga y combinados, es incompatible con el bloqueo de los espacios laborales en el sector aeronáutico, lo que justamente se logrará si el Senado rechaza el oportuno veto del Poder Ejecutivo.

Como si todo esto no bastara, resulta que el proyecto de ley es inconstitucional porque también excluye a los extranjeros radicados en nuestro país. En efecto, el art. 86 de la Constitución dispone que “todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas”. Allí se habla de “todos los habitantes”, de modo que incluso los extranjeros que viven entre nosotros tienen ese derecho.

De este modo, la restricción fundada en la nacionalidad sería inconveniente o hasta inconstitucional aunque el país contara con suficiente personal aeronáutico calificado.

Agregándole un eslabón más a este desaguisado, aparentemente convencida de que el veto adoptado por el Poder Ejecutivo resultará inútil, la Dinac acaba de obligar a las compañías aéreas que contratan a un comandante extranjero a que su copiloto sea paraguayo, para que este lo reemplace luego de un año. Increíblemente, la autoridad aeronáutica civil contradice así la opinión del propio Poder Ejecutivo, que en su veto advierte que “la nueva redacción del art. 93 del Código Aeronáutico podría imponer limitaciones a un sector estratégico del país, ya que solamente permitiría contratar pilotos extranjeros por un periodo máximo de un año, limitando así el crecimiento de las operaciones a largo plazo de las empresas nacionales”.

Al Paraguay no le conviene una medida discriminatoria, por lo demás inconstitucional, que incluso pondrá en jaque al pasajero usuario, al “cambiar las reglas de un sistema que funciona, por los intereses coyunturales de un grupo”, tal como sustenta el veto del Poder Ejecutivo. Confiamos, pues, en que el Senado tenga, en su reunión del martes próximo, la sensatez necesaria para aceptar el veto del Poder Ejecutivo y no se deje dominar por un chauvinismo absurdo y un populismo rampante, que son los argumentos más fuertes que sostienen la proteccionista ley en discusión.

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