Si tienen que mentir, es porque algo ocultan

En la intensa publicidad que desarrollan los promotores del oscuro e incompleto proyecto del metrobús, no se cansan de repetir que este sistema será la solución para todos nuestros males relacionados con el transporte público de pasajeros. Pero en este caso hay ocultamientos de mala fe, para que el plan concluya antes de que asuma el nuevo gobierno. Si los proyectistas tuvieron que mentir y ocultar tanto, sería por motivos realmente importantes para ellos. Pero después del 15 de agosto, nadie se va a acordar de quiénes fueron los proyectistas, propagandistas y comisionistas. Nadie va a llamar a pedir rendición de cuentas a Salyn Buzarquis ni a los “consultores” responsables del mismo. Los que van a tener que dar la cara ante los reclamos serán los funcionarios nombrados por el futuro presidente Cartes.

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En la intensa publicidad que desarrollan los promotores del oscuro e incompleto proyecto del metrobús, no se cansan de repetir que este sistema será la solución para todos nuestros males relacionados con el actual transporte público de pasajeros. Y se recuestan en las opiniones de los expertos contratados –no dan sus nombres– que hicieron los estudios pertinentes.

El objetivo de su intensa campaña publicitaria apunta a convencer a la gente –la gran mayoría carece de información y de capacidad de análisis de este caso– de que el famoso metrobús acabará con los padecimientos del pésimo sistema de transporte de pasajeros que tenemos en el país. A consecuencia de esa grosera falsedad, ahora hay personas que, sin conocer un ápice del proyecto, en medio de su desesperación por verse libres, finalmente, del sufrimiento de tener que transportarse diariamente en los ómnibus chatarra, están dispuestas a apoyar cualquier propuesta que les venda la ilusión de que esa odisea diaria terminará. Y es en este momento en que se les ofrece comprar la idea del metrobús.

Pero cuando las enormes fallas y omisiones del proyecto salieron a la luz pública, los proyectistas y propagandistas quedaron en evidencia y, entonces, no quedándoles otra opción, tuvieron que reconocer, por ejemplo, que el costo de las unidades de transporte no está incluido en sus cálculos presentados, que la aprobación del crédito internacional solicitado al Congreso es solamente para costear las obras de infraestructura vial, lo cual significa que, para poner un vehículo a transitar por las vías construidas una vez terminadas, se va a requerir al menos otros cien millones de dólares. Y que este capital tendrá que salir del sector privado para que el sistema funcione.

La explicación de tamaña omisión y engaño posterior radica en que el famoso proyecto originalmente presentado por los técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se basaba en vehículos movidos a gasoíl. Esta era la idea que estaban promoviendo intensamente. Pero cuando en la prensa comenzaron a leerse y escucharse las objeciones y los cuestionamientos al empleo de vehículos a gasoíl en vez de los eléctricos, quedó en evidencia lo absurdo de la propuesta inicial y, demostrando gran agilidad, de haber puesto ómnibus movidos a gasoíl, rápidamente retocaron los papeles y pusieron trolebuses movidos a electricidad.

Los proyectistas ni los propagandistas tampoco, en ningún momento, advirtieron públicamente del problema que se le iba a presentar al Estado con las expropiaciones que, sin duda alguna, habrá que hacer a lo largo del itinerario de las vías. Hasta este momento ni siquiera se sabe cuántos ni cuáles inmuebles serían afectados por la extensión de las obras.

También en esto cometieron ocultamiento de mala fe, por cuanto recién cuando este diario sacó a relucir esa pregunta, comenzaron a reconocer que era inevitable que hubiera expropiaciones. Pero tampoco cuentan a la gente que a estas eventuales expropiaciones, si los propietarios afectados le ponen la contra judicialmente, están en posición de, sencillamente, enviar el proyecto del metrobús a las calendas griegas… con el consecuente aumento de los costos, naturalmente, caldo ideal para las “reprogramaciones” de plazos y “reajustes” de precios que tanto robo al erario propiciaron hasta ahora con las obras públicas.

Pero todo esto iría a ocurrir recién bastante tiempo después de que hubieran logrado que se les aprobara un crédito por nada menos que doscientos millones de dólares. Por eso es que este plan tenía que concluirse necesariamente antes de que asuma el nuevo gobierno, de ahí la premura y desesperación, porque si no sucede así, los funcionarios y otras personas comprometidas en el negocio quedarán sin percibir los beneficios de aquella interesante suma de dinero.

Ante esta situación, que cada vez se torna más claramente irregular y torcida, es preciso insistir en que la Cámara de Diputados tiene la obligación de postergar la aprobación de este crédito, al menos hasta haber podido verificar, cuidadosamente, que el proyecto no tiene defectos y omisiones que después tengamos que lamentar, como tantas veces nos sucedió a los habitantes de este país.

Si los legisladores no adoptaran las máximas precauciones, este proyecto del metrobús tomará el mismo camino que el de la avenida Ñu Guasu. Desde luego, no sería muy raro que sean los mismos empresarios, o de la misma clase de los que están detrás del gran negociado de la apertura de esa avenida, los que estén afilando los colmillos para hincarlos en las licitaciones que van a venir con las vías del metrobús.

Los diputados deben echar de ver algo muy fácil de advertir: que la pretensión de los personajes del MOPC es la parte buena del proyecto: cobrar los “adelantos”, que en caso de ser aprobado será antes del cambio de gobierno. La parte fea es que, si esto acontece, quienes tendrán que lidiar con todos los problemas que van a emerger después, serán los miembros del próximo gobierno. Hay que entenderlo: si los proyectistas tuvieron que mentir y ocultar tanto, sería por motivos realmente importantes para ellos.

El presidente electo debe hacer uso de su influencia para que la Cámara de Diputados postergue el análisis de esta cuestión que tan graves e incómodas responsabilidades le pondrán sobre sus hombros, a partir del 15 de agosto. Después de esa fecha nadie se va a acordar de quiénes fueron los proyectistas, los propagandistas y los comisionistas de este malhadado proyecto. Nadie va a llamar a pedir rendición de cuentas a Salyn Buzarquis, a los ingenieros proyectistas, a los “consultores” responsables del mismo. Los que van a tener que dar la cara ante los reclamos serán los funcionarios nombrados por el futuro presidente Cartes.

Todos tenemos mucho que perder y nada que ganar, si los diputados se lanzan apresuradamente a aprobar un proyecto con tantas lagunas, que no se sabe cuándo concluirá ni cuánto terminará costando.

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