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La Policía Nacional ha sido beneficiada recientemente con la donación de vehículos para uso institucional. Días atrás, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) le entregó 125 motocicletas y, al día siguiente, la Itaipú Binacional hizo lo propio entregándole 100 camionetas para ser utilizadas como patrulleras. Como de costumbre, tanto los directores de los entes binacionales como voceros del Gobierno han realizado gran alharaca sobre las donaciones de referencia, como si estas constituyeran beneficios económicos significativos para el desarrollo, o para al menos paliar la desigualdad económica ocasionada primariamente por la falta de empleo.
En realidad, se trata de los consabidos “espejitos” con que, de tiempo en tiempo, el Gobierno busca engañar a la gente acerca de los supuestos beneficios que el pueblo recibe de las entidades binacionales a través del rubro de “gastos sociales”, erogación de dinero no prevista en los tratados respectivos pero dentro de la cual se mimetizan los sobornos con que los gobiernos de Brasil y Argentina compran la voluntad de los gobernantes paraguayos de turno, para llevarse la parte del león de los beneficios devengados en las mismas.
En efecto, los “gastos sociales” anunciados con bombos y platillos por el Gobierno –como los casos a que hacemos referencia en esta ocasión– son migajas que caen del banquete que los astutos gobernantes de Brasil y Argentina han sabido ofrecer en las binacionales a sus pares paraguayos de turno a cambio de la vil entrega de los intereses nacionales en esas entidades, desde Alfredo Stroessner hasta Horacio Cartes, sin excepción.
De conformidad con los Tratados respectivos, cada país asumió el compromiso de pagar la mitad de los costos de construcción y operación de las usinas hidroeléctricas, así como beneficiarse de la mitad de la riqueza devengada en ellas. La gran ironía es que tanto en Itaipú como en la EBY, Paraguay está pagando religiosamente la mitad de la deuda que le corresponde. Infelizmente, no ocurre lo mismo con la repartición de los beneficios.
Por ejemplo, con el reciente récord mundial de generación de 103.098.366 MWh alcanzado en 2016, la energía excedente a la garantizada fue de unos 28.000.000 MWh. La mitad de esta cantidad corresponde al Paraguay. Sin embargo, con la aprobación del director general paraguayo, James Spalding, y sus consejeros, la administración de la binacional ha reconocido a nuestro país solo una cantidad mínima, proporcional a la energía garantizada contratada por la ANDE. El valor comercial de los 14.000.000 MWh que nos corresponde, a una tarifa de US$ 80/MWh, sería de US$ 1.120.000.000.
Así, la generosa donación de 100 camionetas hecha por Itaipú a la Policía Nacional –cuyo costo no sobrepasa los US$ 6 millones– es la limosna que Brasil le da al pueblo paraguayo a cambio de robarle más de US$ 1.000 millones, mediante una ingeniería financiera fraudulenta no prevista en el Tratado, pero consentida por el Gobierno paraguayo.
Obviamente, los paraguayos y paraguayas deberíamos preguntarnos, entonces, ¿por qué tenemos que permitir que el Brasil nos siga robando tan escandalosamente en la binacional, después de lo que ya nos robó con los abusos financieros del pasado? La respuesta es clara y simple: porque su gobierno tiene sobornadas a nuestras autoridades, tanto en la binacional como al máximo nivel del gobierno nacional.
La explotación (robo, sería la palabra correcta) de que Paraguay es víctima en Itaipú y la EBY es desconcertante por donde se la vea. Mirando una situación así en otro país, cualquier gobierno con una pizca de patriotismo se plantaría con firmeza soberana, al amparo de la ley internacional. Si lo fuese desde adentro de ese mismo país, un pueblo con sentido de patriotismo debería rebelarse contra un gobierno vendido a potencia extranjera en forma tan alevosa.
La ciudadanía debe darse cuenta de que los gobernantes paraguayos están más preocupados en que les lleguen los “fondos sociales” antes que en la defensa de los intereses nacionales miserablemente avasallados en las dos binacionales.
Los brasileños y argentinos, conocedores de la calaña moral de todos los gobernantes paraguayos de los últimos 80 años, buscando evitar que levanten su voz en defensa de los grandes y legítimos derechos del Paraguay envueltos en las represas de Itaipú y Yacyretá, al margen de toda legalidad, simplemente inventaron una fórmula muy sencilla de mantenerlos mudos y ciegos: los sobornaron y los sobornan con una suculenta coima que disfrazan de “gastos sociales”, consistente en entregarles muchos millones de dólares por año para que el Gobierno paraguayo de turno los despilfarre a placer porque NO PASAN por el control legislativo.
La ciudadanía no puede seguir tolerando que los inescrupulosos que se suceden en los gobiernos nacionales, en las direcciones y los consejos de administración de las entidades binacionales, continúen siendo coimeados para seguir permitiéndoles el robo descarado de nuestra energía hidroeléctrica.