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La legalmente ejecutada destitución del presidente de la República por el Congreso de nuestro país molestó sobremanera a los miembros del “club bolivariano” latinoamericano, hasta el punto que se tomaron la atribución de sancionar al Paraguay en el Mercosur y Unasur, de retirar embajadores y de proferir toda clase de amenazas y otros intentos de amedrentamiento. Es que se les podría ir la vida, o el cargo más bien, con el mal ejemplo que deja este precedente.
El presidente destituido, Fernando Lugo, era miembro del club bolivariano y se aprestaba a dar pasos más firmes en la dirección que le indicaban Hugo Chávez y otros. Indicios claros de tal intención fueron los actos violentos protagonizados por los llamados “carperos”, grupos formados por el luguismo, bajo el disfraz de “sintierras”, financiados con dinero público y probablemente adiestrados por venezolanos y cubanos, y con material táctico producido por estos.
Pero, mucho más que por tratarse Fernando Lugo de un amigo y compañero de ruta ideológica, los Chávez, Correa, Morales, Ortega y Fernández de Kirchner reaccionaron con tanta prontitud y sensibilidad al suceso porque se dieron cuenta de que los pueblos por ellos gobernados también disponen de la misma arma que el paraguayo, arma que podrían emplearla en algún momento para derrocarlos. Como afirmara un analista extranjero, “en el caso paraguayo lo que ven es el peligro que corren ellos en sus países, si funcionara la independencia de los Poderes Públicos”.
Las sociedades latinoamericanas están demostrando cada vez menos paciencia con sus gobernantes cuando estos abusan de sus atribuciones y comienzan a conculcar derechos fundamentales, aun habiendo sido electos en forma regular en comicios técnicamente inobjetables. Este es el ambiente que rodea a la mayoría de estos dictadores bolivarianos inescrupulosos que, aprovechando las circunstancias de su ocasional poderío, arrasan con las instituciones democráticas y las sustituyen con remedos de ellas, manejadas por partidarios peleles –hasta en las Fuerzas Armadas– que se encargan de aplastar cualquier intento de alternancia, lastimoso caso cuyo mejor ejemplo actual es el Congreso venezolano, totalmente sometido al gorila que maneja ese país.
Ese Congreso seguramente ya no podrá destituir a Chávez, quien desde hace tiempo gobierna –manda– por decreto y hasta desde el extranjero, Cuba. El Congreso chavista es un organismo castrado, cuya única función es vitorear al dictadorzuelo y festejar sus chistes con sonoras carcajadas y aplausos.
En Ecuador, las fuerzas vivas capaces de poner límites a la ambición desenfrenada de Correa están siendo hostigadas, clausuradas, sometidas a la represalia de absurdos procesos judiciales, a multas millonarias y otras formas de persecución política que nosotros en el Paraguay conocemos tan bien de la época de la dictadura del general Stroessner. Y los demás gobernantes bolivarianos, a su vez, tienen que enfrentar sus problemas internos poniendo rostro de demócratas mintiendo, actuando con mano autoritaria, con corrupción prebendaria, con silenciamientos por el temor y los mil y un recursos que esos regímenes poseen para imponer su poder y acallar a sus críticos.
Y he aquí que un país como Paraguay –al que muchos de estos suelen tenerle en menos– un día amanece harto de un presidente impúdico que colmó la paciencia de todos, que cometió numerosos hechos políticamente mal intencionados y dañinos para la paz social y el orden institucional, y decide hacer correcto uso de las disposiciones constitucionales para apartarle del cargo de mandatario y enviarle de nuevo al seno de la sociedad, como un ciudadano más, a reflexionar sobre sus errores y a enmendarse como demócrata, si es que quiere.
Lo que el Congreso paraguayo hizo con Fernando Lugo, con pleno respaldo de la inmensa mayoría de la ciudadanía y en estricto marco de lo plenamente legal, bien podrían hacerlo también otros congresos latinoamericanos regidos por dictaduras disfrazadas y semidictaduras de corte ideológico castro-bolivariano-marxista. ¡He aquí el problema!
Es a esto, en verdad, a lo que temen los que recientemente se erigieron en jueces del Paraguay y los que clamaron por sanciones “ejemplares” contra él. Las sanciones contra nuestro país tienen que ser todo lo “terribles” que sea posible, a fin de que indirectamente se dé una “clara advertencia” y lección a otros legisladores como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Nicaragua, digamos para el caso de que “esté pasando” por sus cabezas la idea de recurrir a la “misma arma” paraguaya para “corregir” eventualmente a gobernantes “desviados”.
Confirmando esto, el propio presidente dominicano, Leonel Fernández, dándonos plenamente la razón, lo señaló con todas las letras esta semana en ocasión de una visita a la Comisión Europea, en Bruselas. Al referirse a la destitución de Fernando Lugo dijo que este tipo de acciones “no solamente afecta al país donde ha tenido lugar, sino que nos preocupa a todos por el efecto contagio que pueda tener”.
La deposición legal de mandatarios fallidos, abusivos, negligentes o excedidos en sus ambiciones de poder, siempre será un recurso justo de los pueblos y legítimamente aplicable por las autoridades republicanas que constitucionalmente estén facultadas para ello. Y si se diere el caso de que en algún país ninguna institución posea esta atribución, este solo hecho es ya una prueba irrefutable de que allí se instaló una dictadura.
La destitución constitucional de Fernando Lugo constituye una lección política, ética e histórica, que los demás pueblos latinoamericanos sabrán valorar. Es una demostración práctica de que las medidas democráticas extremas de corrección de los rumbos desviados de gobernantes abusivos no son meras declaraciones retóricas, sino disposiciones constitucionales que SÍ es posible hacerlas valer plenamente.
He aquí el “mal ejemplo” paraguayo para Latinoamérica, al que los miembros del club bolivariano desean ardientemente escarmentar mediante sanciones ilegales y abusivas a nuestro país, y ante las que ni el gobierno ni la sociedad nacional deben claudicar.