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Cinco expresidentes latinoamericanos que asistieron a la reunión anual del Círculo de Montevideo, realizada en nuestra capital, tuvieron a bien transmitirnos sus experiencias y consejos. La jerarquía intelectual de los visitantes nos obliga a tenerlos en cuenta como un recordatorio de lo que se debe hacer o dejar de hacer en busca del desarrollo de nuestros países. La ocasión es propicia para elevarse sobre la rastrera politiquería local y las individuales preocupaciones cotidianas, para reflexionar sobre las políticas públicas y las dificultades que plantea su ejecución.
Antes que nada, se debe tener una idea clara del país deseado o, para decirlo con el uruguayo Julio María Sanguinetti, saber hacia dónde ir.
La gran mayoría de nuestros compatriotas desean vivir en libertad y tener igualdad de oportunidades, en un Estado libre de corrupción, que imparta justicia para todos y tenga un rol limitado en la vida económica. Es lo que surge de la Constitución vigente. Por eso, cuando Horacio Cartes habló de un “nuevo rumbo”, sin mayores precisiones, no habrá tenido en mente otro modelo de país, sino más bien la intención de poner fin a las prácticas que traban su realización e implantar otras que la favorezcan. Para asegurar un sostenido crecimiento socioeconómico es indispensable atraer inversiones, creando el marco legislativo apropiado. En tal sentido, ha hecho bien el Poder Ejecutivo en impulsar la Ley de Alianza Público-Privada y la de Responsabilidad Fiscal, pero ellas no pueden crear por sí solas el ambiente adecuado para desarrollar la infraestructura pública con el aporte del capital privado, generando empleo y controlando el déficit fiscal. Como dijo Sanguinetti, para captar inversiones serias y no “aventureras” es necesario que haya legalidad, así como seguridad jurídica y política. Se requiere, pues, un Poder Judicial independiente que garantice el cumplimiento de los contratos y unas normativas estables que propicien inversiones a largo plazo. En otros términos, es menester que los jueces, los funcionarios y los legisladores cumplan a plenitud sus respectivos roles dentro del Estado de Derecho, que es aquel en donde las leyes rigen tanto para los gobernantes como para los gobernados, para los nacionales como para los extranjeros.
En otro aspecto, el paternalismo estatal, que se ejerce a costa de todos, favorece la irresponsabilidad y el parasitismo, es decir, corrompe a los supuestos beneficiarios, según puede entenderse de las palabras del chileno Ricardo Lagos. El subsidio, por ejemplo, hay que otorgarlo en casos excepcionales y por corto plazo, verificando muy bien las condiciones en que se halla el receptor para impedir corruptelas. De lo contrario, según el citado expresidente, se crearán “sectores que serán permanentemente dependientes del esfuerzo colectivo de toda una sociedad”. Toda inversión conlleva un riesgo, que debe ser asumido por quien la realiza. Si la ganancia es privada, la pérdida no tiene por qué ser social, como lo es cuando el dinero público la cubre mediante el subsidio. Es injusto que el aporte de todos se convierta en un salvavidas de quienes se equivocaron al invertir o gestionaron mal su negocio.
El brasileño Fernando Henrique Cardoso recordó, por su parte, que el mayor problema que debió afrontar durante su presidencia no fue la falta de fondos públicos, sino la ineficiencia del aparato estatal, es decir, “la incapacidad de hacer que las decisiones lleguen a los que realmente las necesiten”. Lo mismo ocurre hoy en nuestro país: la cuestión no es tanto que el Estado carezca de suficientes ingresos, sino que ellos son mal asignados y mal ejecutados. Los gastos relativos al personal público absorben casi todo el presupuesto y lo que resta es mal gestionado, debido a la desidia o a la ineptitud.
Que aquí las decisiones no se convierten en servicios para los necesitados suele quedar también de manifiesto cuando gobiernos extranjeros se ven obligados a urgir que de una vez por todas se construyan un hospital de clínicas o viviendas para personas carenciadas, con el dinero ya donado por ellos mismos. En verdad, es vergonzoso que, en el último año, el Gobierno haya usado solo el 10% de los 730.000 millones de guaraníes que el Estado recibió en concepto de donaciones y solo el 12,5% de los 1,2 billones que recibió en concepto de préstamos.
A la muy baja ejecución presupuestaria, hay que sumarle “la corrupción, el clientelismo y la protección política, factores culturales que merman la capacidad del Estado de actuar en forma efectiva”. Estas palabras de Cardoso se refieren al Brasil, pero son perfectamente aplicables al Paraguay. Esos factores culturales causan pobreza y la pobreza los refuerza, de modo que se impone romper el círculo vicioso. Para eso es necesario que los ciudadanos tomen conciencia de que si faltan insumos hospitalarios, aulas y útiles escolares o caminos en buen estado es porque el clientelismo generó un abundante e incapaz personal administrativo y porque las compras fueron mal hechas o sobrefacturadas por funcionarios que tienen protección política.
Si los paraguayos sabemos lo que anhelamos, si creemos que necesitamos inversiones serias y que para eso se requiere cierto marco jurídico y político, si estimamos que el trabajo productivo es preferible a la limosna estatal y si estamos convencidos de que los funcionarios deben ser honrados y capaces, debemos denunciar a quienes desde los sectores público y privado solo fomentan el atraso con su ignorancia y con su inconducta, apoyando en cambio a quienes muestran los atributos que exige la construcción de un país libre, próspero y justo. No se trata de diagnósticos ni recetas nuevas. Lo que se necesita es la convicción de que es posible superar el atraso y la voluntad política para conseguirlo.