Un gran paso adelante contra la ineficiencia y la corrupción

En un acto especial, el presidente Cartes promulgó ayer la ley “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Esta norma legal es el resultado de largos años de batallar contra el secretismo y la seudoconfidencialidad con que jefes y funcionarios de todos los estamentos estatales cubrían sus actos administrativos, y tras de lo cual buscaban eludir las posibles consecuencias de sus ilícitos, de sus negligencias o de sus torpezas. Pues bien, acaba de darse el primer paso para que esos males vayan siendo erradicados. Se trata de un gran paso adelante que da el Gobierno en la dirección correcta. Sin embargo, a este formidable impulso gubernamental debe seguir ahora lo que corresponde hacer a la ciudadanía, pues no se va a adelantar hacia las metas ambicionadas sin la iniciativa y acción de los líderes cívicos y de la población en general. Si estos ya tienen en sus manos las herramientas apropiadas para ejercer la contraloría pública por la que estaban clamando y no actúan, ninguna excusa tendrán luego para quejarse.

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En un acto especial, con la presencia de sus ministros y los presidentes de los otros Poderes del Estado, el presidente Horacio Cartes promulgó ayer la Ley Nº 5282/14, que lleva la designación “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. La ocasión ciertamente merecía el destaque que se le dio.

Esta norma legal es el resultado de largos años de batallar contra el secretismo y la seudoconfidencialidad con que jefes y funcionarios de todos los estamentos estatales cubrían sus actos administrativos, los correctos y los incorrectos, y tras de lo cual buscaban eludir las posibles consecuencias de sus ilícitos, de su negligencia o de sus torpezas. Pues bien, acaba de darse el primer paso para que esos males vayan siendo erradicados.

Una parte significativa de la civilidad movilizada, así como los medios de prensa, con mucho empeño venían ejerciendo presión para que los legisladores accedieran a levantar ese manto cómplice de impunidad que impedía a la mirada ciudadana y a la justicia tener acceso a los claustros herméticos en que cada oficina gubernamental fue convertida por sus ocupantes, desde la oscura época de la dictadura stronista hasta ahora.

Cuando, finalmente, los legisladores cedieron ante las demandas multitudinarias, empezando a considerar los proyectos que se les había allegado, combinándolos, naturalmente, con sus propios criterios, comenzaron a darse los pasos acertados hacia la meta, sucediendo finalmente este acontecimiento histórico singular, este momento que puede señalarse como aquel en el cual se asientan las bases para iniciar el proceso de demolición de los privilegios que, durante décadas, pusieron a los corruptos y arbitrarios al margen del escrutinio público y de la justicia.

“Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público”, manifestó acertadamente el presidente Cartes en el discurso alusivo, agregando, más adelante: “Con la transparencia cuidamos y manejamos los bienes del Estado como corresponde y por eso hemos logrado ahorros sin precedentes; lo que nos permitirá crear más oportunidades”.

Este es, en efecto, un gran paso adelante que da el Gobierno en la dirección correcta, conducente a las finalidades de transparencia, contraloría y certidumbre, que son los valores con los que cada funcionario, desde el más encumbrado hasta el más modesto, debe actuar cuando se trata del manejo de los intereses colectivos y de los bienes públicos.

Sin embargo, a este formidable impulso gubernamental debe seguir, en lo sucesivo, lo que corresponde hacer a la ciudadanía, pues no se va a adelantar hacia las metas ambicionadas sin la iniciativa y acción de los líderes cívicos y de la población en general, haciendo uso efectivo de sus nuevas posibilidades con el auxilio de los medios de comunicación masiva.

El Gobierno abre las puertas de sus recintos a la mirada pública. Si la ciudadanía se limita a mirar sin ver, sin hurgar, sin advertir; si nuestra respuesta es la indiferencia y la apatía de siempre, entonces estaremos en lo mismo que antes, pero esta vez, lo malo que suceda será ya por culpa de los vigilantes y no de los vigilados.

Como bien expuso el Presidente, con la transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales de los personajes poderosos, o de quienes, aun no siéndolo, tienen en sus manos el manejo de los bienes colectivos. Pero la transparencia por sí sola no constituye el único y definitivo remedio contra la mala administración, la venalidad o la ineptitud; es preciso que se la considere apenas el primer paso para iniciar la corrección de esos males. En efecto, con tan solo averiguar que algo se está haciendo de mala manera, no se corrige nada.

Tanto el Gobierno como la gente común deben encontrar en la transparencia la llave para abrir el largo corredor por donde se debe transitar en lo sucesivo. Porque si, descubiertos los corruptos e ineptos, de esto no se sigue ninguna consecuencia, es como si nada hubiera cambiado. Por lo tanto, si ya tienen en sus manos las herramientas apropiadas para ejercer la contraloría pública por la que estaban clamando y no actúan, ninguna excusa tendrán los ciudadanos para quejarse.

La oportunidad para comenzar a rectificar los rumbos, desde hace tanto tiempo desviados por el ejercicio vicioso de la política, ahora está abierta. Los funcionarios que incurran en violación de las nuevas normas de transparencia de la información pública habrán de ser sancionados en los términos señalados en ellas, pero es la ciudadanía la que tiene que ponerles a prueba, así como someter a esta ley al examen de eficacia que merece.

Indudablemente, son muy efectivas las redes sociales para que la gente manifieste su indignación. Pero el efecto será más positivo si esas reacciones expresadas desde la comodidad de las computadoras son acompañadas, además, de movilizaciones colectivas para demostrarles a los políticos y gobernantes corruptos que sus abusos ya no serán tolerados.

Si al cabo de un lapso prudencial no se alcanza a lograr que el aparato político administrativo funcione mucho mejor en el aspecto que esta nueva norma regula, entonces habrá que comenzar a sospechar que no son solo los funcionarios los ineficientes sino también, y principalmente, sus contralores; es decir, una ciudadanía cívicamente ineducada, mayoritariamente negligente o insensible ante el cumplimiento de sus deberes primordiales.

Usemos, pues, esta nueva herramienta para la transparencia que la ley pone en nuestras manos. El país funcionará mejor.

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