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Las justificadas dudas en torno a la legitimidad del controvertido Nicolás Maduro como presidente de Venezuela no hacen más que acrecentarse con el transcurso del tiempo. En estas circunstancias es evidente que al nuevo mandamás venezolano le será sumamente difícil garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política en su país. Ni hablar, desde luego, del muy complejo panorama económico, de por sí deteriorado a causa de una galopante inflación que le será extremadamente difícil contener por la desastrosa y corrupta administración de los bienes del pueblo venezolano en manos de los marxistas bolivarianos.
Desde que se celebraron las elecciones, el pasado 14 de abril, la oposición insiste en que se hagan un recuento de votos y una auditoría general del acto comicial. El planteamiento es más que razonable, sobre todo si se considera el estrechísimo margen del 1,77% de los votos por el cual el régimen chavista dice haberse impuesto, así como por el hecho de que el oficialismo cuenta con el absoluto control de los órganos electorales.
Inicialmente, en medio de la confusión que siguió al escrutinio del domingo 14, Maduro aceptó que se realizara el recuento de votos reclamado por el líder de la oposición, Henrique Capriles. Pero a la mañana siguiente, presumiblemente luego de recibir una severa reprimenda desde La Habana, giró 180 grados, y enfocó su nueva posición en afianzar la versión oficial de que él se había impuesto en las elecciones. No sin demostrar cierto desasosiego, por cierto, como cuando el lunes 15, en su discurso de aceptación del “triunfo” ante las cámaras de televisión, reprochó severamente a sus correligionarios chavistas que no hubieran ido en masa a darle el pleno respaldo en las urnas.
En el vertiginoso plazo de tan solo seis días, se realizaron las elecciones, la proclamación del ganador y la asunción al mando del mismo. Todo a las disparadas, como para que no se les escapara el poder de las manos. En el ínterin, para darle ciertos visos de legalidad al asunto, entró a operar la gavilla bolivariana y antidemocrática de la Unasur, que prestamente se reunió entre gallos y medianoche en Lima el jueves 18 de abril para otorgarle “todo su respaldo” al nuevo mandamás de Venezuela, y así, por la vía del apoyo externo, intentar refutar los severos cuestionamientos en torno a la legitimidad de origen del cargo del señor Maduro.
De allí mismo, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, entre otros integrantes de la pandilla unasuriana, partieron prestos a Caracas para participar en la ceremonia de toma de posesión del sucesor del finado gorila Hugo Chávez, llevándole abundante respaldo político para que pueda seguir oprimiendo al pueblo venezolano por otros seis años, periodo durante el cual pretenden continuar sacándole petrodólares, ya que este gorilita, igual que el gorila fallecido, no tiene que rendirle cuentas a nadie de qué hace con el dinero de su país.
Tras el montaje de la comedia teatral, es para preguntar qué tiene que hacer la Unasur en el caso que nos ocupa. Sencillamente, cumplir uno de los objetivos para los cuales fue creada: seguir imponiendo a la izquierda bolivariana en su versión más extrema y violenta a lo largo y ancho de la región. A las buenas o a las regulares, con fraude respaldado por un cerco de bayonetas.
Sea como fuere, está claro que toda la comparsa de la Unasur no podrá por sí misma evitar que la legitimidad de Nicolás Maduro siga siendo rechazada en Venezuela. El candidato de la oposición, receptor de los votos de la mitad del pueblo venezolano a pesar de las condiciones electorales adversas, continúa insistiendo en la auditoría de los comicios, el recuento de votos y, de ser necesario, hasta en la celebración de una nueva elección, ya sea en forma parcial o total.
Se da por descontado que Maduro y la pandilla de Unasur jamás aceptarán que esta propuesta se concrete. No es solo su régimen el que está en juego, sino el de todos aquellos que, desde Cuba hasta Argentina, siguen apostando al autoritarismo como método de gobierno, a la supresión del disenso y la persecución de los disidentes como praxis política, y al cercenamiento de las libertades públicas como mecanismo destinado a consolidar personalismos.
Por lo tanto, hay que olvidarse de que en Venezuela habrá recuento de votos, auditoría de escrutinios, y mucho menos habrá celebración de nuevas elecciones. El totalitarismo no se puede permitir un acto de debilidad. La fuerza y la coerción sistemática continúan siendo sus mejores y más eficaces armas para seguir instalando en la región su régimen de miedo e intolerancia. Eso lo tienen bien en cuenta los déspotas de nuevo cuño.