Cargando...
El 16 de abril el Senado comunicó oficialmente al Poder Ejecutivo la elección del Dr. Linneo Ynsfrán como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. A partir de esa fecha, el Presidente de la República tiene treinta días hábiles para prestar o no su acuerdo constitucional. Ya ha pasado poco más de una semana y aún no se ha expedido, dando lugar así a especulaciones diversas con respecto a los motivos de la demora y a las consecuencias jurídicas de una eventual objeción. Para poner fin a la incertidumbre innecesaria y a los rumores gratuitos, conviene que la designación hecha por una amplia mayoría de los legisladores sea confirmada cuanto antes.
El Dr. Ynsfrán es docente universitario, autor de libros sobre derechos humanos y Derecho Constitucional y miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital desde 1995, sin que su desempeño en tal carácter haya sido cuestionado en el marco del transparente proceso realizado por el Consejo de la Magistratura para integrar la terna de candidatos a fin de cubrir la vacancia dejada por el Dr. Víctor Núñez. Es poco probable que sus méritos y aptitudes sean el tema de la ronda de consultas con dirigentes colorados, iniciada por el titular del Poder Ejecutivo.
Más bien, seguro que más de uno de sus interlocutores le podría decir que el postulante elegido por los senadores puede resultar demasiado independiente. Mal haría el Presidente de la República si negara su acuerdo por creer que dicho magistrado no responderá a sus pedidos ni a los de sus amigos y correligionarios. Al abstenerse de intervenir en el proceso de selección de la terna, el Presidente de la República demostró que no estaba interesado en que la Corte Suprema de Justicia vuelva a contar con un ministro caracterizado por una moral y una columna vertebral flexibles. Cabe esperar que siga teniendo el mismo pensamiento.
También le podrían señalar que prestar el acuerdo implicaría someterse a una decisión compartida por quince senadores colorados desafectos al Gobierno. Es de lamentar, por cierto, que el resultado de la votación senatorial haya reflejado finalmente el “internismo” en la ANR, en el que el Jefe de Estado decidió involucrarse: si lo interpretara como una derrota suya, podría caer en la tentación de tratar de revertirla mediante la denegación del acuerdo, poniendo su amor propio por encima de la sensatez y del interés general. En tal caso, incurriría en un infantilismo impropio de un gobernante responsable. El proceso de designación de un ministro de la Corte Suprema de Justicia no debe convertirse en una vulgar “pulseada”, en la que el titular del Poder Ejecutivo crea que debe torcer el brazo del Senado: una buena candidatura, seleccionada por el Consejo de la Magistratura y con un amplio respaldo de senadores de todas las bancadas, no debe servir de ocasión para dilucidar quién tiene más fuerza.
Quizá se le diga que otra razón para objetar la nominación es que los senadores no le pidieron su parecer antes de emitir su voto. También este sería un motivo pueril para denegar su aprobación a quien tiene atributos suficientes para ejercer el cargo, tal como lo creyeron el Consejo de la Magistratura –presidido por el representante del Ejecutivo, Dr. Enrique Riera–, el Senado e incluso los ciudadanos, que no objetaron su candidatura en las audiencias públicas.
Hay que respetar la dignidad de las personas y la majestad de las instituciones; la politiquería criolla, que tanto daño nos está causando, no debe enlodarlas. De lo que se trata es de que una vacancia en la máxima autoridad judicial sea llenada por una persona honesta, idónea y diligente, que no deba favores a nadie, de modo que pueda actuar con plena autonomía para dar a cada uno lo suyo con prontitud.
Lo que a la ciudadanía le interesa en sumo grado es que se inicie de una vez por todas la recomposición del Poder Judicial. ¿Es que el Presidente de la República piensa agotar el plazo legal para pronunciarse, acaso en forma negativa? Si esa es su intención, debe tener por cierto que los perjudicados no serán sus adversarios políticos, reales o supuestos, sino un magistrado que demostró estar en condiciones de impartir justicia y una República que precisa que la máxima instancia judicial esté plenamente integrada lo antes posible. Un buen estadista no permite que el tratamiento de una cuestión relevante sea bastardeado por una rencilla desatada dentro de su partido, y está lejos de creer que la decisión tomada al respecto por un órgano legislativo, ejerciendo su facultad constitucional, pueda implicar un agravio a su persona o a su investidura.
Se impone que el titular del Poder Ejecutivo, demostrando madurez política, acompañe lo resuelto por el Senado. No debe considerarlo como una provocación, y si en verdad lo fuera, se equivocaría reaccionando, a su vez, con un veto arbitrario. La autoridad del Presidente de la República saldrá reforzada si se apresura a demostrar que no pretende desatar un conflicto por motivos inconfesables, ajenos a las calificaciones del Dr. Ynsfrán.