09 de Julio de 2012

 

Una dura prueba para la OEA

Bajo la atenta mirada del continente en su conjunto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se apresta a presentar mañana su informe sobre la situación política en Paraguay, ante el Consejo Permanente del organismo, integrado por los representantes de los 34 Estados miembros. Los paraguayos esperamos que en la OEA triunfen la racionalidad, la cordura y la sensatez que tanto en el Mercosur como en la Unasur brillaron por su ausencia. Mañana sabremos definitivamente si la OEA continúa siendo el instrumento que los Estados de la región “han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia”, destinado a “fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”, tal como lo estableció en su origen la Carta Fundacional de la Organización.

Bajo la atenta mirada del continente en su conjunto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se apresta a presentar mañana su informe sobre la situación política en el Paraguay, ante el Consejo Permanente del organismo, integrado por los representantes de los 34 Estados miembros.

En medio de las duras embestidas que propinarán los países más radicalizados de tendencia “bolivariana”, la organización de política multilateral más antigua del mundo deberá decidir delante de los ojos del planeta si la situación en el Paraguay es o no similar a la de Cuba, y explicar, eventualmente, según sea el resultado, por qué en 2009 se levantó la resolución que excluía a la isla caribeña de su participación en el Sistema Interamericano y ahora a nuestro país se lo aparta del mismo.

En efecto, el 3 de junio de 2009, los cancilleres de las Américas reunidos en Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, decidieron dejar sin efecto la Resolución VI, adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó a Cuba de su participación en el Sistema Interamericano.

Esta determinación se adoptó a pesar de que en la citada nación caribeña gobierna una dictadura instaurada el 1 de enero de 1959 por Fidel Castro, al que a partir de 2006 sucedió –en un acto propio de una dinastía familiar– su hermano Raúl. En Cuba no hay libertad de expresión, no hay sindicatos, existen centenares de presos políticos, no rige el equilibrio de poderes, no se celebran periódicamente elecciones libres, ni se garantiza ninguno de los “elementos esenciales de la democracia representativa” enumerados en el artículo 3 de la propia Carta Democrática Interamericana.

Existe un grupo de países amigos del Paraguay y de su pueblo que entienden perfectamente que lo que aquí se produjo fue un juicio político enmarcado estrictamente en las disposiciones de la Constitución Nacional del Paraguay, el cual de modo alguno –no al menos sin quebrantar el derecho y su tradicional interpretación– constituye una “ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional” que amerite sanciones por parte del máximo organismo hemisférico.

No obstante, en caso de triunfar la rabiosa y vengativa posición de los países que integran la secta bolivariana, deberán ser los integrantes de la misma los que se encarguen de explicar al mundo los fundamentos de cualquier determinación que se adopte en perjuicio de la República del Paraguay.

Ellos y sus mandatarios, los hipócritas que venden sus conciencias por el dinero del petróleo y que tratan por todos los medios de mantenerse en el poder violando sistemáticamente los derechos y las libertades de una buena parte de sus poblaciones; que reforman a su antojo las constituciones y retuercen arteramente su sentido para presentarse incesantemente a sucesivas reelecciones presidenciales, deberán dar la cara ante la comunidad internacional para justificar por qué se ensañan con una nación digna, libre y soberana.

En este sentido, vale la pena recordar aquí las recientes expresiones formuladas por el director jurídico de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, al sostener que “Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua carecen de autoridad alguna para pronunciarse sobre la vigencia de las instituciones democráticas en América Latina. En esa línea, es risible que hayan pedido la activación de las cláusulas democráticas de la OEA, Unasur y Mercosur contra Paraguay, cuando ellos son quienes deberían estar en el banquillo de los acusados de violar estas cláusulas”.

Los paraguayos, por nuestra parte, esperamos que en la OEA triunfen la racionalidad, la cordura y la sensatez que tanto en el Mercosur como en la Unasur brillaron por su ausencia. Deseamos que prime el criterio expresado por el secretario general Insulza en su comunicado del 26 de junio pasado, cuando sostuvo que el objetivo de la Organización ante el caso paraguayo debe ser “generar un clima que permita que esta querida nación, fundadora de nuestra Organización, pueda actuar dentro de ella con la mayor normalidad, y que las elecciones del año próximo en ese país se lleven a cabo adecuadamente”.

Paraguay solo reclama de sus países hermanos del continente el mismo respeto por su soberanía que ha conservado como un principio inalterable de sus relaciones con el mundo en sus más de dos siglos de vida como nación independiente.

Mañana sabremos definitivamente si la OEA continúa siendo el instrumento que los Estados de la región “han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia”, destinado a “fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”, tal como lo estableció en su origen la Carta Fundacional de la Organización.

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