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La empresa estatal Petropar pretende lanzarse a una aventura que solo servirá para agravarle un déficit que se le ha vuelto crónico. En efecto, en la búsqueda de nuevos ingresos que –suponemos– le sirvan para cubrir el enorme pasivo, su titular, Fleming Raúl Duarte, no tuvo mejor idea que unirse a una red de emblemas y operadores de estaciones de servicio, que le adeudan más de 13.000 millones de guaraníes, para monopolizar la venta de combustibles al Estado, que a su vez le debe casi 175.000 millones a la petrolera.
Se dirá que si se asocia con unos deudores para vender a otro deudor es para compensar la deuda de los morosos con la participación que tengan en la venta. Cuesta creer que los asociados sean tan ingenuos como para suponer que las entidades públicas –empezando por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones– vayan a abonar puntualmente por las compras de combustibles que hagan en el futuro.
Lo que en verdad corresponde es que Petropar promueva el cobro judicial de las deudas de los emblemas y operadores de estaciones de servicio, y que el Estado empiece de una buena vez a pagar sus cuentas atrasadas. Por cierto, la mora de las entidades públicas plantea la pregunta de qué hicieron estas en los últimos años con el dinero previsto en el Presupuesto General de la Nación para el pago de las provisiones de combustible, ya que no tendrían por qué deber nada, salvo que sus autoridades hayan rapiñado los fondos, que los hayan malversado o que el Ministerio de Hacienda no se los haya transferido. La Contraloría General de la República tiene aquí bastante que investigar.
Para evitar que aumente la deuda estatal y Petropar siga perdiendo dinero, se debería prohibir que esa empresa entregue combustibles a las entidades públicas que no hayan pagado la última provisión, tal como lo dispone el art. 4° del proyecto de la ley de fortalecimiento de instituciones públicas con respecto a las que prestan servicios de telecomunicaciones, energía eléctrica y agua potable. Por de pronto, mientras el Estado siga siendo un mal pagador, el resultado inevitable de la “creativa” idea de Fleming Raúl Duarte será el aumento del déficit de la empresa que mal dirige y el de la hasta hoy incobrable deuda estatal.
Esta deuda ha contribuido a la “quiebra técnica” de Petropar y resulta inadmisible que se la acentúe aumentando la provisión de combustibles que, así como están las cosas, quedará impaga como antes. El presidente Horacio Cartes, como buen administrador, debería impedir tanta insensatez para que alguna vez se saneen las cuentas y se ponga fin a la sangría financiera de Petropar, provocada por la ineficiencia y la corrupción escandalosas de sus sucesivos directivos.
La ocurrencia de Fleming Raúl Duarte no le hará nada bien a las finanzas públicas. Aparte de que es absurdo asociarse con deudores morosos para vender aún más combustible a otro cliente moroso, ocurre también que es ilegal pretender monopolizar su provisión al Estado. La Ley de Contrataciones Públicas obliga a las entidades estatales a seguir alguno de los procedimientos previstos en ella a la hora de adquirir bienes. Los deudores de Petropar de este caso no pueden tener asegurada desde ya la provisión de combustibles por el mero hecho de asociarse con ella para distribuirlo al Estado. Deben competir con otros oferentes en el marco de una licitación. Aparte de que Petropar mal puede garantizar a nadie la provisión exclusiva de combustibles al Estado, resulta inmoral que se ate a ciertos clientes en una desatinada operación marginando a los demás de toda otra contratación pública, incluyendo a los que no le adeudan ni un centavo.
Lo que Fleming Raúl Duarte concibió para aumentar los ingresos de Petropar es, primero, un disparate económico porque el Estado es un pésimo pagador y, después, una clara irregularidad porque ignora la Ley de Contrataciones Públicas, y una inmoralidad repudiable porque liga a Petropar con unos clientes morosos en perjuicio de los cumplidores.
Es hora de acabar con el manejo irresponsable de Petropar y, también, de que el Estado pague lo que debe. Resulta inaceptable que se sigan arrastrando deudas de vieja data y que no haya visos de poner fin a un endeudamiento que, sumado a la incompetencia y la corrupción, ha hecho que Petropar se halle en tan penosas condiciones.
Cabe esperar que el presidente Horacio Cartes frene un proyecto tan insensato, que arruinará aún más a esa empresa si las entidades públicas siguieran siendo tan malas pagadoras. Si en verdad quiere un “nuevo rumbo”, debe corregir el que desde hace tanto tiempo sigue Petropar, impidiéndole al menos que cometa más disparates como el que han acordado esta empresa estatal y sus deudores para operar en contra de la ley.