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Hace algunos años, el entonces diputado liberal Nelson Chávez acusó al senador Blas Llano, del mismo partido, de ser un “peajero” de la política, porque supuestamente se quedaba con una parte de los sueldos que sus apadrinados percibían en la función pública. A lo mismo al parecer se dedicaba el senador colorado Óscar González Daher, cuya secretaria manejaba las tarjetas de débito de sus recomendados en la Justicia Electoral, según se publicó en la prensa. Ahora, el diputado Freddy D’Ecclesiis, también colorado, denunció que su colega y correligionaria Perla de Vázquez está descontando, desde hace 25 años, el 20% de los sueldos de los funcionarios públicos nombrados gracias a ella y a su marido, el exdiputado Juan José Vázquez.
No se trata de casos aislados, sino de una repugnante práctica que ayuda a entender por qué la administración pública está sobrepoblada y por qué sus integrantes están bien remunerados. Incluir a la clientela en el presupuesto a cambio de su constante apoyo electoral ya sería un buen motivo para buscar designaciones al margen de la ley. Sin embargo, los insaciables legisladores, ávidos de dinero público, quieren también una parte del botín repartido entre sus seguidores. De allí su interés personal en que los burócratas tengan un buen sueldo, y que lo vayan incrementando, para lo cual apelan a diversas artimañas y denominaciones.
La recaudación del matrimonio Vázquez provendría de –entre otros– 33 recomendados suyos que medran en las oficinas judiciales de San Estanislao. Si el tráfico de influencias sirvió para ubicarlos allí, también habrá servido para obtener sentencias favorables a los cónyuges y sus allegados. Los parlamentarios que han ubicado a sus acólitos en el Poder Judicial, en el marco del cuoteo partidario que allí impera, ganan así por partida triple: obtienen votos, cobran un porcentaje del salario e influyen en los fallos.
Por supuesto, el vil descuento compulsivo llega a los otros Poderes del Estado y a los organismos descentralizados, de modo que los ingresos adicionales de los padrinos superan largamente el monto de la dieta que perciben.
Este no es el único recurso de que se valen los sinvergüenzas apoltronados en el Congreso para engrosar sus bolsillos, ya que también se quedan con los 17.700.000 guaraníes destinados a contratar asesores: no los contratan, pero no devuelven el dinero, lo cual equivale a una malversación. Lo que sí hacen es valerse de quienes fungen de asesores a sueldo de la Cámara respectiva, que no son más que operadores políticos, como lo acaba de revelar el propio presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, al señalar con franqueza que los rubros en tal concepto fueron creados para darles un mayor sueldo a los operadores políticos. Es decir, primero fueron nombrados sin ganar ningún concurso público de oposición y luego se les inventó una función que no cumplen, al solo efecto de pagarles más con el dinero de los contribuyentes.
No hay mucho que agregar a la abierta confesión de un fraude presupuestario anual cometido por los parlamentarios desde la década de 1990. Siempre se supo que pagan a sus secuaces con el dinero de todos, ya por el solo hecho de ubicarlos en el aparato estatal. Lo nuevo es que sea la máxima autoridad de una Cámara quien confirme que los asesores no son tales, sin que arbitre medidas para corregir el mal. Por supuesto, sería muy ingenuo creer que un joven de 22 años, hijo del senador liberal Ramón Gómez Verlangieri, se haya venido ocupando de la “percepción política” con la idoneidad suficiente para merecer casi 7.000.000 de guaraníes mensuales. Ese eminente consejero es hijo de un congresista y militante de la organización juvenil de su partido; así que, poniéndolo a sueldo con el dinero público, se mataron dos pájaros de un tiro.
Los grotescos casos referidos –el de los descuentos y el de los asesores– tienen en común no solo que involucran a legisladores, sino también que han sido ventilados por miembros de la misma clase política que nos abofetea cada día con sus fechorías. No son infundios lanzados en el curso de alguna siniestra campaña periodística, para desprestigiar al Congreso. No hace falta. En consecuencia, en vez de seguir atribuyendo a la prensa aviesas intenciones, el diputado liberal Víctor Ríos debería condenar en adelante a los senadores y diputados que rompan la ley del silencio, conocida en la jerga mafiosa como “omertá”.
Es inmoral y denigrante apropiarse indebidamente de una parte del sueldo de un funcionario público, aunque haya adquirido esa condición en contra de la ley y solo mediante los buenos oficios de un legislador.
Sanear el Congreso será un trabajo hercúleo, pero, por la salud de la Nación, hay que encarar la tarea para recuperar en algo la menguada imagen de ese importante Poder del Estado.
Mientras tanto, todos los empleados públicos extorsionados de manera tan indigna y humillante deberían denunciar públicamente a quienes los explotan.