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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional).- La jueza Máxima Meza hizo lugar a un amparo preventivo planteado por los responsables del shopping Cristal. El lunes último, empleados de los comercios que funcionan dentro del edificio se negaron a salir a fin de evitar que la estructura sea demolida.
El plan de reordenamiento de la ciudad, encarada por la Municipalidad administrada por Sandra McLeod de Zacarías (ANR), se inició en 2003. Consiste en recuperar espacios públicos usurpados por pequeños comerciantes “casilleros” y varias empresas importantes, como casas de cambio y shoppings.
En la primera etapa despejaron el paseo central, entre Ruta VII y Av. San Blas, desde Capitán Miranda hasta Tte. Toledo; en la segunda fase fueron liberados el paseo central entre Ruta VII y Av. San Blas, desde Tte. Toledo hasta la Zona Primaria y, en la tercera, fueron derribados los edificios del paseo central entre Ruta VII y Av. Monseñor Rodríguez, desde Av. Pionero del Este hasta Carlos Antonio López.
Última fase
La denominada “cuarta etapa”, que es la última según el proyecto, afecta el paseo central entre Ruta VII y Av. Monseñor Rodríguez, desde Carlos Antonio López hasta Av. Carlos María Argaña. En este último caso, la demolición se inició el sábado último en medio de fuertes incidentes y ahora está estacada por disposición judicial.
En las tres primeras zonas, la Municipalidad colocó casillas de metal en los lugares despejados. En un principio se dijo que la instalación de dichas casillas era provisoria, mientras se construían tinglados en un inmueble expropiado a favor de los mesiteros. Sin embargo, solo unos pocos fueron reubicados en la zona y la mayoría sigue en los espacios públicos.
Reclamo del MOPC
El asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Dionisio Mereles, afirmó que la franja donde se derrumbaron los edificios comerciales en Ciudad del Este es dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Comuna no puede hacer ninguna obra sin permiso de la cartera de Estado.
Explicó que después de que el caso de las demoliciones de locales comerciales tomó estado público, el MOPC notificó a la Municipalidad de Ciudad del Este. La nota indica que como la franja es de dominio de la secretaría de Estado, ni la Comuna ni nadie más puede emprender proyecto alguno en el lugar sin autorización del Ministerio.
“La nota aún no fue respondida hasta el momento a la asesoría jurídica del Ministerio”, resaltó Mereles.
“Independientemente al conflicto que se está dando, esta franja le pertenece al ministerio, no recibimos ninguna información oficial de la Municipalidad (de Ciudad del Este) sobre lo que se pretende hacer en adelante”, manifestó el abogado.
En un boletín de prensa, la Municipalidad esteña indicó que la nota que menciona Dionisio Mereles es falsa. Además, asegura en el escrito que no hay impedimento legal para realizar las demoliciones de las edificaciones.