ALTOS, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Los directivos de Inmobiliaria Raíces son Aníbal Figueredo, Jorge Figueredo y Curt Tippach. El proyecto ejecutado en la Serranía de la Cordillera de los Altos está presupuestado en unos 7 millones de dólares (unos G. 28.000 millones).
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, encabezó una comitiva que intervino ayer en el emprendimiento Aqua Village, de la firma Finanzas y Terrenos SA y/o JDJ SA (Inmobiliaria Raíces), a raíz de denuncias.
El ministro indicó que las quejas de vecinos del barrio Santa Librada, que expresaron su preocupación por el uso de explosivos para la construcción de una laguna artificial, motivaron a realizar la verificación in situ.
Según funcionarios de la Secretaría del Ambiente (Seam), la firma tiene licencia ambiental, aunque su Plan de Gestión Ambiental no contempla el uso de explosivos en la obra en el predio de 48 hectáreas. Solo menciona métodos convencionales.
La comitiva estuvo compuesta además por técnicos de la Fiscalía General del Estado, de la Seam, y la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER) de la Policía Nacional. En el lugar, el juez penal de garantías de San Bernardino, Franco Ferreira, solicitó la entrada, bajo apercibimiento.
El grupo fue recibido por el encargado de comercialización de la firma, Javier Marín, quien accedió a que la comitiva ingrese y verifique las obras. Más tarde se hizo presente un directivo de la empresa, identificado como ingeniero Felipe Barboza, quien dialogó con los intervinientes.
Los técnicos pudieron verificar la existencia de una zanja de más de dos hectáreas y aproximadamente cuatro metros de profundidad, cuya excavación se realizó con dinamitas. Además existen nacientes y cursos de agua dentro del terreno.
El fiscal ambiental adjunto, Jorge Sosa, dijo que se abrió una carpeta fiscal para evaluar los daños que se pudieron causar al ecosistema con el uso de dinamita. Explicó que en las instalaciones de la firma no contaban con el Plan de Gestión Ambiental, por lo que se les dio un plazo para la presentación.
Sosa agregó que se deberá revisar minuciosamente el documento para ver si se está actuando conforme a lo establecido.
Asimismo, el juez Franco Ferreira ordenó el inmediato cese de los trabajos que impliquen el uso de explosivos en el área.
Según Sosa, se ordenó además realizar un estudio minucioso de la zona, a través de expertos en hidrología y geología, tanto del Ministerio Público como de la Seam. El objetivo es verificar hasta qué punto fueron afectados los cauces hídricos con el movimiento de tierra.
Explicó que luego podrán determinar si los propietarios incurrieron en delitos. En caso de que se hallen transgresiones a leyes, se impondrán las sanciones correspondientes, indicó.
Seam no comunicó
Funcionarios de la Seam verificaron la utilización de explosivos el 8 de mayo último. Sin embargo, los antecedentes no fueron informados a la Fiscalía de Medioambiente.
La ingeniera Gloria Rivas, jefa de la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y de Recursos Naturales, dijo hace una semana que comunicaría el hecho a la Fiscalía de Medioambiente para suspender la actividad de forma inmediata. Sin embargo –según Sosa–, tal trámite no se realizó.
Medidas más drásticas
Luego del operativo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, exhortó a la ciudadanía a colaborar para poder proteger el medioambiente, denunciando la contaminación y destrucción de recursos naturales. Expresó que no se respetan las leyes ambientales y no se cumplen los planes de mitigación presentados.