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VILLA YGATIMÍ (Pablo Medina, corresponsal).-Una comitiva interinstitucional allanó primeramente, con autorización del magistrado de Garantías de Curuguaty José Benítez, la propiedad del empresario brasileño Valdemir Pereira dos Santos, donde inspeccionaron una zona que fue talada y quemada. El dueño del lote sería reincidente como trasgresor de las leyes ambientales, según los técnicos.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor del mediodía de ayer. Los intervinientes fueron el fiscal ambiental Benjamín Maricevich, la ministra de la Secretaría del Ambiente (Seam), Cristina Morales, y el director del Instituto Forestal Nacional (Infona), el veterinario Fredy Estigarribia, y el integrante del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional, subcomisario Walter Fernández.
Durante la revisión de un sector de la finca, los funcionarios comprobaron que más de 60 hectáreas de bosques nativos fueron destruidos e incinerados, que afectan hasta el borde del río Jejuí Guazú, límite de los distritos de Curuguaty con Villa Ygatimí.
Según la ministra de la Seam, Cristina Morales, el operativo busca detectar y aplicar las leyes ambientales vigentes contra los deforestadores, que inicialmente se realiza en Canindeyú y luego se efectuará en las otras regiones del país.
Señaló que este departamento es donde un reciente “mapeo” detectó que existen extensas áreas boscosas destruidas. Indicó que son crímenes que deben ser castigados con todo el rigor de la Ley de Deforestación Cero vigente, la cual perdurará hasta el año 2018.
El otro caso
Una segunda intervención se realizó dentro de la propiedad de la brasileña Iara Vendramini, donde los técnicos ambientales observaron 50 hectáreas deforestadas y quemadas.
Dentro de la misma finca citada fueron hallados más de 20 hornos para elaboración de carbón vegetal. Esos hornos ya fueron destruidos ayer.
El fiscal Maricevich, decidió abandonar a los demás intervinientes, porque según argumentó fue para evitar complicaciones, ya que en ese momento acababa de darse cuenta de que la orden de allanamiento que fue firmada por el magistrado José Benítez, era para que el procedimiento lo hiciera el agente fiscal Néstor Alfredo Cañete.