Empresas deben hacerse cargo de la rápida destrucción de la Ruta XI

La Ruta XI “Juana María de Lara” seguirá destruyéndose mientras los responsables de la mala calidad del asfaltado no se hagan cargo como corresponde de la reparación. El trayecto tiene en total 84 kilómetros y su pavimentado costó más de G. 211.325 millones. Fue encargado a empresas consorciadas y dos años después de la entrega presenta baches y en varias partes el pavimento se desintegra.

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SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ (Omar Acosta, corresponsal). Por el asfaltado de la Ruta XI “Juana María de Lara”, de 84 kilómetros, el Estado pagó más de G. 211.324 millones. Las obras del primer tramo, de 27 kilómetros, que une Santa Rosa del Aguaray con Nueva Germania, fueron recibidas el 21 de agosto del 2007. La construcción estuvo a cargo del Consorcio de Ingeniería Vial y Asociados y Constructora Isacio Vallejos SA, cuyo representante es Isacio Vallejos.

El segundo trayecto, que conecta la comunidad de Nueva Germania con San Pedro de Ycuamandyyú, fue recibido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el 18 de agosto de 2011. La obra fue adjudicada al consorcio Victoria: T&C Ingeniería de Topografía y Caminos SA, Construpar SA (Carlos Benítez Céspedes y Guillermo Mas Metz) y Vialtec SA (Carlos Ortellado Fernández y Carlos Ortellado Maricevich).

La obra del tercer tramo, desde San Pedro de Ycuamandyyú hasta Puerto Antequera, fue recibida por el MOPC el 15 de diciembre de 2009. La construcción estuvo a cargo del consorcio San Pedro (Codipa, Edivisa, Ing. Miguel A. Chávez).

Los responsables de la rápida destrucción de esta ruta, que conecta Puerto Antequera con Santa Rosa del Aguaray, son las empresas constructores, que a todas luces realizaron un trabajo de mala calidad, y el propio MOPC.

Desde el año 2004 hasta el 2006, la fiscalización de la obra estuvo a cargo de la empresa Electroconsul, del Ing. Miguel Cardona. Al término del contrato, el MOPC tomó la responsabilidad.
A esto se suma la irresponsabilidad de los empresarios transportistas (especialmente los sojeros) y la incapacidad de las autoridades comunales para evitar la destrucción de la ruta.

Las obras comenzaron en 2001 en los tres tramos tras numerosas movilizaciones de los sampedranos en reclamo de una vía de todo tiempo. Los primeros tramos habilitados fueron destruidos al poco tiempo de por el paso de camiones con sobrecarga.

A causa de la falta de caminos alternativos, los camioneros copan las calles de las ciudades por las que atraviesa la ruta. Estacionan sus rodados en las banquinas de las vías debido a la falta de estacionamiento en los silos graneleros.

Las autoridades comunales de los distritos afectados, en reiteradas ocasiones, pidieron al MOPC que instale básculas para el control de peso, pero no han sido escuchados sus reclamos. También solicitaron la habilitación de vías alternativas para los transportadores de granes, pero tampoco se les ha atendido.

Tanto en Puerto Antequera como en San Pedro de Ycuamandyyú las municipalidades cobran G. 10.000 a cada camionero, supuestamente para reparar rutas, pero el monto es insuficiente.

Existen muchas personas que viven, directa o indirectamente, del movimiento económico que genera el transporte de granos, ya que en épocas se cosecha llegan en promedio 120 camiones a los dos silos privados ubicados de Puerto Antequera.

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