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Rafael Monzón Sosa ocupa el cargo de superintendente general de Justicia en el Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema.
La presidencia del Consejo de la Superintendencia es responsabilidad de la ministra Alicia Pucheta de Correa, actual titular de la Corte Suprema.
El 28 de diciembre de 2015 Rafael Monzón Sosa recibió el resultado del sumario abierto a la jueza Máxima Meza de Maldonado.
La responsabilidad del superintendente general de Justicia es elaborar un dictamen de conclusión, documento que se pone a consideración del Consejo de la Superintendencia para su estudio.
Rafael Monzón Sosa, en el caso de la jueza Máxima Meza de Maldonado, debe recomendar la imposición de sanciones.
La investigación a la jueza de Ciudad del Este es resultado de una orden del Consejo de la Superintendencia, decisión que fue tomada el 10 de setiembre de 2015 con base en una denuncia presentada por la abogada Teresa Flecha.
Expediente bajo llave
El 28 de diciembre de 2015 Rafael Monzón Sosa recibió la carpeta con el resultado del sumario: estamos en 20 de marzo y todavía no preparó una sola línea recomendando la sanción que debe recibir la jueza Máxima Meza de Maldonado.
Desde diciembre de 2015 el documento se encuentra bajo llave en la oficina del funcionario responsable de elevar la Consejo de la Superintendencia el resultado de las auditorías.
Máxima Meza de Maldonado tuvo una participación clave en el fraude montado por Enrique Sarubbi: autorizó el desalojo de los propietarios de la finca 531 de Minga Guazú luego de recibir un título de propiedad sobre la finca 483.
A mediados de 2014 Enrique Sarubbi presentó una demanda contra Francisco Feliciano Duarte por cumplimiento de contrato.
En octubre de 2014 el juez Manuel Saifildin Stanley declaró culpable a Francisco Feliciano Duarte y ordenó la confección de un título de propiedad judicial sobre la finca 483 de Alto Paraná.
El problema es que Francisco Feliciano Duarte murió en junio de 2000: 14 años después de muerto fue juzgado y sentenciado a entregar un inmueble.
Enrique Sarubbi era yerno del finado. Mejor que nadie sabía que su suegro estaba muerto cuando planteó la demanda.
La finca 531 es propiedad legítima de la firma HB Inmobiliaria SA, cuyo accionista principal es el señor Higinio Benítez.
Participación de Máxima Meza de Maldonado
El 12 de febrero de 2015 la jueza Máxima Meza de Maldonado recibió la acción de interdicto planteada por Enrique Sarubbi pidiendo recuperar la posesión de la finca 531 de Minga Guazú, con una superficie de 20 hectáreas.
El 13 de febrero la magistrada ordenó el desalojo de HB Inmobiliaria, mandato que se cumplió el 19 de febrero.
Máxima Meza de Maldonado citó a los directivos de la inmobiliaria para el 25 de febrero; es decir, escucharía a los afectados luego de cumplirse su orden de desalojo.
Sin pudor alguno, la jueza violó abiertamente lo establecido en el Código Procesal Civil para las acciones de interdicto.
Nunca quedó claro si existió corrupción o ignorancia por parte de la jueza; en cualquiera de los casos no puede seguir ocupando el cargo de magistrada.
La denunciante, abogada Teresa Flecha, pidió la suspensión de la jueza así como la cancelación de la matrícula del oficial de justicia Ramiro Báez Meza, quien intervino en el desalojo de HB Inmobiliaria.
Dado que el superintendente general de Justicia no remite la carpeta al Consejo de la Superintendencia, la jueza Máxima Meza de Maldonado no es sancionada.
Enrique Sarubbi, mientras tanto, busca un juez que le permita revivir el juicio contra el suegro muerto.
roque@abc.com.py