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El brasileño dijo en esa época que presuntamente le pagó US$ 5.000 (G. 20 millones al cambio actual) a Silvera Burgos, quien se presentó como fiscalizadora de Seam para “legalizar” el desmonte de más de 50 hectáreas dentro de la propiedad. El inmueble está ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de Corpus Christi.
Agregó que tenía en su poder el documento que prueba su denuncia y que en su momento le presentaría al entonces fiscal José Zarza Galeano.
Silvera Burgos aseguró que fue involucrada gratuitamente en el caso. Sostuvo que en esa época ya no era fiscalizadora de la Seam y que jamás existió documento alguno en su contra.
Aclaró además que un fiscalizador de la Seam no tiene potestad de autorizar desmontes, ya que esos trámites se resuelven a nivel central de la Seam.
La mujer sostuvo que fue llamada a declarar en la fiscalía y aclaró en su momento que no conoce a José Antonio de Oliveira y que nunca tuvo tratos con él. Aseguró además que el brasileño rectificó la denuncia porque no tenía sustento.
La afectada indicó que se ve obligada a hacer la aclaración pública porque la denuncia quedó registrada en Internet y le perjudica en lo personal y profesional.