“Factores políticos” trabarían las denuncias contra jueces y fiscal

CIUDAD DEL ESTE (Manuel López Machuca, de nuestra redacción regional). El juez penal de garantías de Hernandarias, Silvio Rubén Rojas, fue denunciado por la mayoría de los concejales, entre liberales, colorados y un independiente. Lo acusan por mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de obligaciones en forma grave y reiterada al dar lugar a un juicio de amparo promovido por la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (colorada cartista) para anular tres sesiones de la Junta Municipal.

El magistrado anuló las sesiones ordinarias del martes 25 y el lunes 31 de julio, así como la reunión extraordinaria del 4 de agosto, durante las cuales se rechazó la ejecución presupuestaria 2016 del ejecutivo comunal. También se eligió un equipo legal que represente a la Junta en la denuncia contra la administración de McLeod de Zacarías por varias licitaciones con supuestas multimillonarias sobrefacturaciones e irregularidades en el proceso de adjudicación.

Por otro lado, la jueza electoral de Ciudad del Este, Carmen Chávez Vda. de Talavera, fue acusada por imponer en el cargo de secretario general de la Junta Municipal a Blas Darío Domínguez a pedido de la intendenta Sandra Mcleod de Zacarías (colorada cartista). A través de una medida cautelar, el “clan Zacarías” mantiene como secretario “con permiso” de la Junta Municipal a Domínguez, designado como cónsul paraguayo en Puerto Yguazú en mayo de este año.

La jueza acusó a los ediles por desacato por supuestamente no respetar una medida cautelar por la cual no se podía nombrar un nuevo secretario general en reemplazo de Domínguez, que pidió permiso de seis meses para cumplir funciones de cónsul.

Los concejales afirmaron que la denuncia de la intendenta es infundada, porque la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, en su artículo 34, señala que “el presidente podrá nombrar, trasladar o sancionar a sus funcionarios, conforme a la Ley de la Función Pública, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias”.

Dijeron que tampoco corresponde la denuncia de la Justicia Electoral porque la Junta Municipal no nombró ningún secretario general, sino que designó un secretario interino para llevar a cabo una sesión ordinaria.

La denuncia contra la fiscala Claide Acosta es por imputar al presidente de la Junta Municipal, Teodoro Mercado (PLRA). A finales de julio de este año, McLeod de Zacarías presentó una denuncia por usurpación de funciones en contra del edil.

Alega que el edil firmó una circular en la cual informa que tres empleados seguirán cumpliendo funciones en la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, “bajo la responsabilidad de esta presidencia”.

Tentáculos

El abogado Leonardo Ayala Balmoris, representante de la Junta Municipal, dijo que están al tanto de la “realidad que reina” en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. “Sabemos que estas denuncias no van a correr en su proceso adecuado por la existencia de factores políticos que se encuentran en juego. Esta gente tiene muy fuertes sus tentáculos en la fiscalía y en el Poder Judicial”, expresó con relación a las influencias del clan Zacarías.