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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La fiscala de la unidad penal número 5 de Ciudad del Este, Carolina Rosa Gadea, fue sindicada por gremios de abogados de enriquecerse mediante el cargo. Reside en una residencia del barrio cerrado Paraná Country Club y su esposo, Félix Riveros, trabaja en la Municipalidad de Ciudad del Este.
La funcionaria imputó al concejal esteño Teodoro Mercado (PLRA) por desacato en un caso impulsado por el Clan Zacarías, liderado por el asesor del presidente Horario Cartes, Javier Zacarías Irún, su esposa la intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod y su hermano el gobernador de Alto Paraná Justo Zacarías.
Llamativamente, todas las denuncias contra el entorno de los Zacarías fueron asignadas a la unidad de Gadea y fueron desestimadas.
La fiscala de Hernandarias, Natalia Montanía, junto con su esposo, el exjuez y aspirante a diputado Manuel Trinidad Colmán, conocieron una milagrosa prosperidad económica mediante la función pública. La pareja tiene una casa de 700.000 dólares, una estancia en Itapúa y una empresa de seguridad que prestaba servicio a la Itaipú Binacional.
El matrimonio fue denunciado por posible enriquecimiento ilícito en la Fiscalía Anticorrupción. El caso quedó en el oparei.
Montanía encabezaba los operativos de alcotest en Ciudad del Este, mientras su esposo fue denunciado por liberar a narcos.
La fiscala de Yguazú, Mónica Larroza, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por operar para lograr la impunidad de un supuesto narcopolicía y un narcodocente de Mbaracayú.
Además, imputó a Sandra Casco –detractora del clan Zacarías y examante de Javier Zacarías– por supuesto daño a muebles de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad esteña.
La fiscala de Presidente Franco, Analía Rodríguez, impulsó un dudoso proceso penal en contra de Paraguayo Cubas, Celso “Kelembu” Miranda y Jorge Brítez por protestar en repudio de la complacencia de los fiscales ante denuncias de corrupción en la comuna y la Gobernación del Alto Paraná.
Rodríguez es esposa del exsecretario general de la Intendencia de Ciudad del Este, Óscar Ocampos.
La fiscala de Presidente Franco, Lolia Martínez, no avanza en las investigaciones para aclarar sonados asesinatos. Los crímenes del presunto narco-cabritero Miguel Ángel Fernández, ultimado de 11 tiros, así como de los jóvenes Anderson Morel y Roberto Santacruz, muertos y enterrados, van camino a la impunidad.
Alfredo Ramos Manzur, fiscal de la unidad penal número 10 de Ciudad del Este, fue sindicado por gremios de abogados como supuesto recaudador de la “corona” del Ministerio Público. Los casos supuestamente son negociados al “mejor postor” en la unidad a su cargo.
También congeló casos de corrupción, como el supuesto negociado de la merienda escolar de la Gobernación del Alto Paraná.
Manzur fue el último encargado de los “codiciados” controles de alcotest.