Pedido de auditoría se “extravió” en Contraloría

El distrito de San Juan Bautista del Ñeembucú es uno de los más desfavorecidos del duodécimo departamento. Según un grupo de concejales, en gran medida se debe a la corrupción de la administración comunal, a cargo del intendente Fabio Rojas (PLRA).

Durante una visita a nuestra redacción, los concejales Antonio Coronel (PLRA), Mario Velazco (ANR) y Hernán Ramírez (ANR), acompañados por el asesor contable de la Junta Municipal, Ildefonso Armoa, denunciaron que en los más de cuatro años de gestión Rojas ignoró al órgano deliberativo. Indicaron que manejó a su antojo los recursos públicos.

Ante esa situación en mayo de 2014 la Junta, por Resolución 53/14, rechazó la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013 y solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de una auditoría de la administración.

Al no conseguir la atención del ente contralor, recurrieron al Ministerio Público. La fiscala de la Unidad IV de Pilar, Ana Luz Franco de Stete, remitió un oficio a la Contraloría en la que solicitó atención al oficio 901 del 13 de junio de 2014, ingresado por expediente CGR 32379 del 22 de julio de 2014 en el marco de la causa caratulada: Hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza). En el escrito solicitó designar y comisionar a funcionarios de esa repartición del Estado para que se constituyan en la Municipalidad de San Juan Bautista del Ñeembucú, considerando la Resolución 53 del 8 de mayo de 2014 de la Junta Municipal.

En una nota del 6 de noviembre de 2014 la CGR le respondió a la fiscala Franco de Stete. En uno de los párrafos indicó que “pone a su conocimiento que este Organismo Superior de Control hasta la fecha no ha tomado conocimiento de la existencia de la Resolución N° 53/14 emanada de la Junta Municipal de San Juan Bautista del Ñeembucú”.

Mediante nota del 16 de marzo de 2015 y con entrada el 19 de marzo en la CGR, los concejales reiteraron el pedido, pero hasta ayer no tuvieron respuesta.

Al preguntar acerca del primer pedido de auditoría, que la CGR desconocía, según nota enviada a la fiscala de Pilar, los funcionarios de la Dirección de Municipalidades y Gobernaciones de la CGR, a cargo del abogado Tomás Servín, le indicaron que se había extraviado, pero que ya encontraron.

Según datos que manejan los concejales, el asesor del intendente es el abogado Herminio Delgado, quien es marido de una funcionaria de la CGR, identificada como Seferina Velazco de Delgado. Sospechan que a través de la mujer logran dilatar el inicio de la auditoría.

Irregularidades

Entre las irregularidades denunciadas por los concejales figura una diferencia de G. 1.200 millones entre la ejecución de ingresos y egresos, que no fueron contabilizados o justificados. También, conforme a los egresos, entre la ejecución de gastos y cheques emitidos existe una diferencia de G. 1.273 millones que no fueron contabilizados.

Las irregularidades violan la Ley 1535, De Administración Financiera del Estado, de acuerdo a la denuncia presentada a la CGR.

Intentamos contactar ayer en horas de la tarde con el abogado Tomás Servín, pero su celular estaba apagado y no respondió nuestros mensajes a su teléfono. En otras ocasiones también intentamos comunicarnos con el intendente Rojas para escuchar su versión, pero tampoco atendió nuestras llamadas telefónicas.