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El hombre, educado en la religión musulmana, llegó al Reino Unido a los 16 años huyendo de Afganistán y fue perdiendo la fe, según la facultad de derecho que se hizo cargo del caso.
Su derecho a permanecer acababa en 2013, pero sus defensores, un equipo de estudiantes de derecho de la universidad de Kent, supervisados por abogados, argumentó que si volviera al país podría ser condenado por apostasía.
La ley afgana prevé la cadena perpetua o la pena de muerte para los apóstatas, aunque en los últimos años no ejecutó a nadie por este delito.