19 de Enero de 2012
Anulan cláusula de ley sobre medios
Santiago de Chile (EFE). El Gobierno chileno retirará una cláusula de un proyecto de ley que faculta a la Policía solicitar a los medios de comunicación la "entrega voluntaria" de grabaciones u otros archivos electrónicos sin orden judicial con el fin de identificar a posibles autores de delitos.
Así lo señaló a periodistas el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, Mauricio Weibel, tras recibir una llamada telefónica del ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Consultadas fuentes de ese departamento, ratificaron la información.
El "proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público", también conocida en el país como "Ley antitomas" o "Ley Hinzpeter", ha recibido críticas de varios sectores, especialmente de estudiantes y gremios de prensa, desde que fue presentado el pasado 4 de octubre.
La cláusula que se retirará se refiere a la que incorporaba "una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que estas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos".
Esto, con el fin de emplearlas "para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal", en contextos en que "es común la presencia de medios de comunicación masiva", en alusión a las movilizaciones sociales que derivan en disturbios.
En una más de varias críticas hechas a este proyecto por parte de asociaciones de prensa, el Círculo de Periodistas de Santiago consideró que este constituía "el peor atentado al ejercicio del periodismo libre desde la instalación del sistema democrático en 1990". Según ese ente, la propuesta convertía al periodismo chileno "en un brazo auxiliar de los cuerpos policiales" y colocaba a los informadores que se nieguen a entregar su material de trabajo "bajo el riesgo de ser encausados por obstrucción a la justicia".
Así lo señaló a periodistas el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, Mauricio Weibel, tras recibir una llamada telefónica del ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Consultadas fuentes de ese departamento, ratificaron la información.
El "proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público", también conocida en el país como "Ley antitomas" o "Ley Hinzpeter", ha recibido críticas de varios sectores, especialmente de estudiantes y gremios de prensa, desde que fue presentado el pasado 4 de octubre.
La cláusula que se retirará se refiere a la que incorporaba "una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que estas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos".
Esto, con el fin de emplearlas "para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal", en contextos en que "es común la presencia de medios de comunicación masiva", en alusión a las movilizaciones sociales que derivan en disturbios.
En una más de varias críticas hechas a este proyecto por parte de asociaciones de prensa, el Círculo de Periodistas de Santiago consideró que este constituía "el peor atentado al ejercicio del periodismo libre desde la instalación del sistema democrático en 1990". Según ese ente, la propuesta convertía al periodismo chileno "en un brazo auxiliar de los cuerpos policiales" y colocaba a los informadores que se nieguen a entregar su material de trabajo "bajo el riesgo de ser encausados por obstrucción a la justicia".



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