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“No hay pruebas porque no es verdad lo que se dice. Pero lo que está claro es que el Gobierno influencia sobre el sistema de Justicia”, indicó.
A inicios de junio pasado, en el marco del juicio oral, la Fiscalía solicitó que se imponga la pena de 5 años y medio de prisión para el exvicepresidente argentino y que además sea inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Un tribunal de Buenos Aires juzga desde octubre de 2017 a Boudou y a Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por los delitos de presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Quien fuera vicepresidente argentino entre 2011 y 2015 está acusado por la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone mientras se desempeñaba como ministro de Economía durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kircher (2007-2015).
Consultado sobre si cree que va a quedar preso el próximo jueves, cuando el tribunal dicte sentencia, el exvicepresidente no descartó esa posibilidad, aunque dijo que, si se concreta, será por razones políticas.
Durante la etapa de instrucción de la causa, el juez a cargo de la investigación, dio por acreditado que Boudou, junto a su socio Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica –luego denominada Compañía Sudamericana de Valores– mientras Boudou era ministro de Economía (2009-2011).
Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele –supuesto testaferro de Boudou– con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición del Fisco argentino por deudas impositivas.
La Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras negociar un plan de pagos con el Fisco, y la empresa quedó en manos de The Old Fund, cuyo responsable era Vandenbroele.