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En julio pasado, el Consejo de Administración Legislativa archivó, por mayoría de votos, un pedido de grupos de oposición para llevar a un juicio político a Glas, a quien consideran responsable político de hechos ocurridos en los sectores estratégicos, en los que se investigan supuestos casos de corrupción.
Ahora los opositores consideran que tras la decisión de la Corte Nacional de Justicia de dictar prisión contra Glas –del movimiento Alianza País (AP, de izquierda)–, es momento de sumar esfuerzos en su intento de conseguir la destitución del segundo mandatario.
Los grupos de oposición pretenden añadir la documentación que presentó el fiscal general, Carlos Baca, en la audiencia de hoy en la Corte Nacional de Justicia, a la que presentaron en junio.
La decisión, tomada en la audiencia celebrada en Quito, fue el resultado de nuevas pruebas presentadas a la Corte por la Fiscalía General de reciente información de EE.UU. sobre el caso Odebrecht, que de una u otra forma salpica a numerosos países latinoamericanos.
Esa nueva información abre la posibilidad a que tanto Glas como su tío Ricardo Rivera, también en prisión preventiva para investigaciones por presunta asociación ilícita, sean acusados de dos supuestos nuevos delitos, entre ellos el de cohecho.