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Se trata de una de las medidas del gobierno de Raúl Castro más polémicas y contestadas de los últimos años, que ha levantado una polvareda de críticas incluso desde la propia prensa oficial, que en la última semana ha dedicado numerosos artículos al asunto, al considerar esta norma desproporcionada y alejada de la realidad.
Algunos de estos medios opinan que los cambios aduaneros no atajan el problema de raíz, que es el desabastecimiento de productos básicos de alimentación e higiene, ropa o aparatos electrónicos, así como su elevado precio en las tiendas estatales, cuya finalidad es recaudar divisas, por lo que venden en CUC, equivalente al dólar y que se cambia por 24 pesos cubanos (CUP).
En Cuba rige el sistema de doble moneda, donde el CUC es la divisa fuerte en la que se vende buena parte de los productos y servicios de la isla, mientras que la mayor parte de los cubanos recibe su salario en CUP.
La Aduana General de la República ha tratado de salir al paso de las críticas y defiende que aquellos que entren y salgan de la isla sin propósitos comerciales apenas sufrirán cambios en sus límites de equipaje, ya que el objetivo de las medidas es proteger el mercado nacional y frenar las importaciones ilícitas.
La decisión pasa por los intentos del Gobierno de eliminar el negocio de “mulas”, principalmente provenientes de Miami (EE.UU.) o países latinoamericanos, que alimentan el vasto mercado negro que existe en la isla, frente a las carencias de la red minorista que controla el Estado.
La vicejefa de la aduana, Idalmis Rosales, defendió en “Granma” la pertinencia de estas medidas para evitar que determinadas personas empleen los márgenes de importación no comercial no establecidos hasta ahora.