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MANAGUA (AFP, EFE). El recrudecimiento de la violencia se ha dado en medio de una ofensiva que las fuerzas del gobierno emprendieron desde los primeros días de julio para “limpiar” las calles de barricadas, levantadas por los manifestantes como parte de las protestas iniciadas el 18 de abril.
Ayer, cientos de estudiantes marcharon en la capital para exigir justicia por las más de 350 personas que han muerto a manos de las fuerzas del gobierno.
La Iglesia católica, como mediadora, ha sufrido los embates del repunte de la violencia, como lo reflejó el ataque al obispo Báez.
El cardenal Leopoldo Brenes denunció que las fuerzas gubernamentales entraron y robaron en la casa cural de Catarina y pidió al gobierno “respetar los templos” y detener los ataques contra la población.
Los jerarcas católicos denuncian la “falta de voluntad política del gobierno” de dialogar con la opositora Alianza Cívica.
Tras un sangriento fin de semana que sumó otros 12 muertos, la comunidad internacional comenzó a debatir la situación y la represión contra las protestas que desde hace tres meses exigen la salida de Ortega del poder.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron denunciaron la “violación de los derechos humanos” que se produce en el país centroamericano.
Entre tanto, el Gobierno estadounidense advirtió al dictador Ortega que cada nueva víctima en las protestas “mina aún más” su legitimidad.
Los reclamos inicialmente eran contra una reforma del sistema de pensiones que el gobierno dejó sin efecto, pero derivaron en una demanda para la salida del poder de Ortega, quien gobierna desde 2007 por tercer período consecutivo.
La oposición lo acusa de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidente RosarioMurillo; pide anticipar a marzo de 2019 las presidenciales de 2021.