Contra ley mordaza de Correa

QUITO (EFE). La Ley de Comunicación de Ecuador, en vigor desde 2013, será sometida a un “proceso de diálogo” nacional con el que el jefe de Estado, Lenín Moreno, quiere reformar una de las legislaciones más polémicas y emblemáticas del correísmo.

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Marcada por la controversia, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) cumplirá en junio próximo su quinto año en vigor en un ambiente de expectativa por el rumbo que tome en la administración de Moreno, en el poder desde mayo pasado.

Moreno, excorreligionario y sucesor de Rafael Correa (2007-2017), gobierna con la bandera de la apertura al diálogo y del respeto a la libertad de expresión, aspectos que la oposición echaba en falta durante la década en que gobernó el correísmo, aunque el exmandatario rechazaba esas acusaciones.

Precisamente Correa impulsó la normativa bajo el argumento de que se necesitaba una ley que regulara lo que él calificaba de “abusos” de un sector de la prensa –en su opinión– dominado por oligarquías tradicionales y el capital.

El asunto dividió a la sociedad entre quienes veían en la normativa un instrumento efectivo para hacer respetar sus derechos ante el poder de los medios de comunicación y los sectores que la catalogaron como una “ley mordaza”.

La mano tendida de Moreno desde el inicio de su administración, que se extenderá hasta el 2021, ha tocado también a la polémica LOC.

La presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, dice que “tiene que ser derogada” porque la normativa es “un atentado contra la libertad de expresión y contra las libertades de la ciudadanía para ejercer un derecho humano fundamental”.

No obstante, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) defiende la LOC asegurando que con ella se propicia más protección a los menores, democratiza la palabra permitiendo un acceso a todos los sectores de la sociedad, se garantiza el secreto de las comunicaciones personales y se defiende la inclusión y la producción intercultural, entre otros. 

Las conversaciones anunciadas por el Gobierno tienen camino avanzado pues agrupaciones, entre ellas la UNP, han presentado ya propuestas para una nueva regulación; aunque Moreno no ha marcado fechas para la reforma.

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