Cargando...
QUITO (EFE). Poco más de trece millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para responder al paquete de siete preguntas propuestas por el Gobierno: cinco forman parte del referendo y de ser aprobadas requieren enmendar la Constitución, y dos son de consulta, que exigen modificar la legislación.
Incluyen la lucha contra la corrupción y la pederastia, la alternancia en el Gobierno, la explotación controlada de recursos, la derogación de la ley plusvalía o la reforma de un organismo público de regulación y control.
Pero las preguntas cruciales en la lucha política entre Moreno y Correa, enfrentados por discrepancias ideológicas, políticas y judiciales, son la segunda y la tercera.
La 2 propone enmendar o derogar el llamado Consejo de Participación Ciudadana, emblema del correísmo, y la 3 acabar con la reelección indefinida de autoridades, lo que de facto impediría un eventual regreso de Correa a la arena política ecuatoriana.
El Consejo de Participación Ciudadana es un organismo propio de la plataforma ideológica del correísmo, con el que se aplica supuestamente la “democracia participativa”.
David Chávez, sociólogo de la Universidad Central de Quito, cree que la consulta servirá para medir el apoyo con que cuenta cada dirigente después de la ruptura del movimiento oficialista Alianza País en diciembre, y su fraccionamiento en dos grupos políticos.
“El escenario posconsulta para Moreno es muy complejo. Por un lado le va a resultar muy complicado consolidar el movimiento Alianza País que ha quedado en sus manos y por el otro, no podrá decir que (en la consulta) tiene un voto sólido a su liderazgo”, sostiene este sociólogo.
En cuanto a Correa, destaca que en su campaña por el No, es la primera vez en una década que lo hace desde la oposición, sin todo el aparato institucional y recursos partidistas a su servicio.
En este contexto, las incógnitas de cara al día después de la consulta están todas abiertas.