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BUENOS AIRES (EFE). La actual senadora está conminada a presentarse el día de hoy a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires.
Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio a registrar los domicilios y la oficina de la expresidenta, que cuenta con fueros parlamentarios por integrar dicha Cámara desde diciembre de 2017.
El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con una causa en la que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.
Durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, la Argentina se montó el mayor esquema de corrupción en la historia de ese país, llegando a inventar un ministerio exclusivo para cobrar sobornos los sobornos a través de la obra pública.
Según cálculos de medios locales, solo en esta causa judicial, los sobornos recaudados podrían ser de unos 200 millones de dólares.
Es superministerio fue comandado por Julio de Vido, el cajero del kirchnerismo, que se encuentra con prisión preventiva desde 2017, precisamente, por una causa de corrupción.
Cuadernazo
El caso judicial, uno de varios por corrupción abiertos contra los principales jerarcas del kirchnerismo, se abrió a raíz de una investigación del diario “La Nación”, basada en unos cuadernos escritos por Óscar Centeno, que fue chófer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Este último permanece detenido desde el pasado 1 de agosto.
Un ex alto funcionario de nombre Claudio Uberti y el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Óscar Thomas, son los únicos dos prófugos en esta causa, que afecta a medio centenar de personas.
Además de la información brindada por Centeno –en libertad como testigo protegido–, en la investigación están siendo clave los empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido para recibir beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.
Así, han confesado haber sido requeridos por funcionarios para aportar dinero a campañas electorales del kirchnerismo a cambio de adjudicaciones.