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BUENOS AIRES (EFE). La mujer con más poder en el país austral entre 2007 y 2015, viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a, entre otros imputados, quien fue ministro del área de obras públicas, Julio De Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos ya en prisión preventiva por otras causas.
El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto “direccionamiento” de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz –cuna del kirchnerismo– durante los Gobiernos de Kirchner y su esposa.
La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo “fraudulento” de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas.
A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial.
Todo mediante licitaciones con “múltiples irregularidades” destinadas a favorecer al empresario.
Se nombra como prueba que pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia, Báez, junto con dos socios, fundó el Grupo Austral.
“En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado expresidente montó la estructura institucional de su Gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz (de la que Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003)”, explica Ercolini.
Presumiblemente, esa estructura fue mantenida a partir de 2007 con el comienzo del mandato de su esposa y sucesora, Cristina Fernández.
La causa de Ercolini se relaciona, inevitablemente, con otras dos que afectan también, principalmente, a Fernández, De Vido y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En total suma cuatro causas
La ex jefa de Estado está procesada en cuatro causas, dos de ellas por corrupción.
En marzo de 2017, otro juez anunció que la sentará en el banquillo por el millonario perjuicio económico del Estado que presuntamente generó la decisión de su Gobierno de que el Banco Central vendiera dólares a un precio por debajo del que se manejaba en el mercado en esos momentos.
Además, enfrenta una orden de detención –que no se ha hecho efectiva por contar con fueros parlamentarios– por el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados del ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.