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WASHINGTON (AFP). El 2 de octubre pasado, el periodista saudí, crítico con su gobierno, Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudita en Estambul (Turquía) mientras tramitaba unos documentos para casarse con su prometida turca. Khashoggi residía en Estados Unidos.
Los asesinos eran agentes enviados por el gobierno saudí, donde el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán (MBS), aparece como el principal comprometido en la criminal operación.
El rey Salmán bin Abdulaziz, ha mostrado su apoyo decidido a su heredero designado, quien goza de varias prerrogativas, y es considerado el hombre fuerte del reino, mientras se prepara para reinar efectivamente.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en un comunicado: “Bien podría ser que el príncipe heredero tuviese conocimiento de este trágico evento; quizás lo tenía y quizás no lo tenía”.
“Quizás nunca sepamos todos los hechos que rodean el asesinado de Khashoggi”, añadió.
“En todo caso, nuestra relación es con el reino de Arabia Saudita. (...) Estados Unidos pretende permanecer como un socio firme de Arabia Saudita”, afirmó el mandatario estadounidense.
Trump enumeró las razones que hacen a esa alianza estratégica: la lucha contra el enemigo común Irán, el combate contra el “terrorismo islámico radical”, las relaciones de defensa entre Arabia y Occidente, la estabilidad de los precios del petróleo, del que Riad es el primer exportador mundial.
Según dijo Trump, las agencias estadounidenses de inteligencia “continúan analizando toda la información”.
Pero varios medios de prensa estadounidenses, entre ellos el Washington Post, con el que Jamal Khashoggi colaboraba, publicaron que la CIA ya no tiene dudas sobre la culpabilidad de Mohamed bin Salmán, el poderoso hijo del rey saudí.
El asesinato dañó la imagen del reino saudita y de Mohamed bin Salmán, visto por muchos en Occidente como un agente de modernización.
Numerosos expertos estiman imposible que el poderoso “MBS” no haya estado al tanto de la operación.
La mayoría de los ejecutores del crimen ya han sido identificados, y desde la semana pasada Washington decidió imponer sanciones a 17 de ellos, en momentos en que la justicia saudí anunciaba una serie de inculpaciones.
El Congreso estadounidense, incluidas las filas republicanas del presidente Trump, presionan a Washington a ir más allá, y sancionar a los promotores del asesinato.
“Entiendo que hay miembros del Congreso quienes, por razones políticas u otras, quisieran ir en una dirección distinta, y son libres de hacerlo”, afirmó Trump en su comunicado.
“Consideraré todas las ideas que me sean presentadas, pero solo si van acordes con la seguridad absoluta de los Estados Unidos”, añadió.