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La oposición asegura que la baja popularidad del presidente Nicolás Maduro y de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), golpeados por la aguda crisis que vive el país; y el temor de que sus adversarios podrían arrebatarle la mayoría de las gobernaciones que controlan obligó a aplazar los comicios.
La Constitución venezolana estipula un período de cuatro años para estas autoridades, que se cumple en enero del 2017.
Con un “voto castigo” para Maduro por la crisis, la MUD (Mesa de Unidad Democrática) ganó en forma aplastante las legislativas de diciembre pasado y controla la Asamblea Nacional (Parlamento), por primera vez en 18 años de hegemonía chavista.
El presidente Nicolás Maduro deslizó la posibilidad de un adelanto de las elecciones legislativas para recuperar el control de la Asamblea, de mayoría opositora, aunque no explicó el camino legal que llevaría a dicho escenario.
La MUD debe superar un gran obstáculo en el proceso de recolección de firmas para activar el revocatorio contra Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que la oposición deberá recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los 24 estados, y no sobre el registro nacional. Con solo un estado que no cumpla la meta, el proceso hacia la consulta quedará anulado.
Ayer, el Parlamento denunció la malversación de unos 11.000 millones de dólares en la estatal petrolera PDVSA, a través de manejos irregulares llevados a cabo entre 2004 y 2014.