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La “Ley contra el odio”, que consta de 25 artículos y dos disposiciones transitorias, fue aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano conformado únicamente por leales al chavismo, “elegidos” por un sistema inventado específicamente para ese caso, que garantizaba la supremacía oficialista.
El centro de gravedad de la ley está en el artículo 20, que textualmente indica: “Quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”.
Este apartado abre la posibilidad de que cualquier opinión que sea expresada “mediante cualquier medio apto para su difusión pública” pase a ser evaluada bajo los parámetros de esta ley, por lo que formas de expresión como los comentarios de los ciudadanos comunes en las redes sociales podrían convertirse en pruebas de sus propios delitos.
Sobre “la responsabilidad en las redes sociales”, la Ley solo especifica que las expresiones de los internautas “que promuevan la guerra o inciten al odio nacional” están prohibidas, aunque no señala expresamente si lo escrito en estas plataformas pudiera tener consecuencias jurídicas para el denominador común.
Para los medios de comunicación, en cambio, el texto sí prevé multas de hasta 100.000 unidades tributarias (equivalentes a 30 millones de bolívares, unos 9.000 dólares al cambio oficial) por la difusión de expresiones de odio e intolerancia que sean mantenidas en estos canales electrónicos durante un tiempo superior a las seis horas.
La luz verde a estos 25 artículos que hablan de “erradicar cualquier forma de violencia política” ha despertado el temor a una mayor represión a las libertades en Venezuela, bajo el chavismo, donde ya hay centenares de presos políticos, solo por oponerse al Gobierno.