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BRASILIA (AFP, EFE). El organismo fiscalizador de las cuentas del gobierno afirmó que ese negocio se concretó siguiendo criterios “antieconómicos” y resultó en un perjuicio de más de 580 millones de dólares para la estatal Petrobras.
El TCU ordenó el bloqueo temporario de bienes de la exmandataria, destituida en 2016 por adulterar la cuentas públicas, junto con los del exministro de Hacienda Antonio Palocci –actualmente preso por el escándalo de desvíos en Petrobras– y del expresidente de la petrolera Sergio Gabrielli, entre otros exintegrantes del Consejo.
En 2006, Rousseff era la jefa de gabinete del presidente Lula da Silva y presidía el Consejo de Administración de Petrobras cuando la petrolera estatal compró el 50% de la refinería de Pasadena a la belga Astra Oil, por 360 millones de dólares.
Astra había pagado un año antes 42,5 millones de dólares por el total de la planta.
En 2008, Petrobras compró la otra mitad de la refinería porque unas cláusulas en el contrato la obligaron a hacerlo.
Finalmente, la operación terminó costando más de 1.000 millones de dólares.
Petrobras anunció la venta de la refinería de Pasadena en mayo pasado en el marco de un vasto programa de venta de activos para equilibrar su balanza financiera.
En su defensa, Rousseff reafirmó que el Consejo de Administración no cometió “ningún ilícito” y que presentará su recurso ante el Tribunal para probarlo.
La compra del 50% de las acciones de Pasadena en 2006 “se hizo en base a evaluaciones e informaciones jurídicas y financieras consideradas íntegras y cabales”, pero que dos años más tarde el Consejo supo que “tales informaciones eran parciales e incorrectas, transmitidas por un director actualmente condenado por corrupción”, añadió la exmandataria.