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BUENOS AIRES (EFE).“Significa un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al Gobierno nacional, por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”, aseguró ayer el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
El funcionario se refirió así al allanamiento realizado el jueves por orden del juez Claudio Bonadío en la sede en Buenos Aires de la empresa Hotesur SA, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate (en la sureña provincia de Santa Cruz), de la cual la presidenta argentina es accionista.
“No hace falta allanamiento. Los requerimientos judiciales se pueden hacer por solicitud formal”, afirmó ayer Capitanich, quien defendió que las operaciones de la sociedad se ajustan a la legalidad y que Hotesur no adeuda entrega de documentos.
El allanamiento se realizó a raíz de una denuncia presentada por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de cometer presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Stolbizer aseguró que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate, podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez, investigado por la Justicia.
“Todos sabemos que la actividad hotelera es una de las actividades que se utilizan para el lavado de dinero, el delito a través del cual se encubren dineros mal habidos”, dijo ayer Stolbizer a radio Mitre.
Para el jefe de Gabinete se trata de “una clara persecución política de hostigamiento de carácter judicial y forma parte de un golpismo activo del Poder Judicial, en aras de una estrategia política”.
Stolbizer afirma que la sociedad adeuda la entrega de sus balances desde el año 2011.
No es el primer caso
No se trata del primer enfrentamiento entre la Justicia y el Gobierno, que ha criticado de forma directa al Poder Judicial en numerosas ocasiones por distintos conflictos, como el enfrentamiento con el grupo Clarín por la constitucionalidad de la Ley de medios o la lucha contra el narcotráfico.
Durante un acto en octubre en el que anunció la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial, la propia Presidenta cargó contra la Justicia penal al asegurar que “no logra cubrir expectativas mínimas de celeridad y eficiencia”.