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Morales consideró que el fallo del tribunal no es revisable, por lo que activistas anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que Morales, que lleva 12 años en el gobierno, vuelva a postularse en las elecciones generales del próximo año.
Para el mismo 21 de febrero, organizaciones afines a Morales, entre estas un sindicato de cocaleros del que el gobernante es dirigente, llamaron también a concentraciones.
El Tribunal Constitucional (oficialista) dio luz verde a la postulación del gobernante, a pesar de que un referendo en 2016 decidió con el 51% de los votos negarle esa posibilidad.
El gobernante ahora se presenta como el candidato imprescindible. Su discurso recurrente es que su país es el que más crece en Sudamérica.
Sin embargo, la economía boliviana aún depende de la venta de sus materias primas al exterior y no termina de dar el salto hacia la industrialización de los recursos naturales prometida por Morales en la campaña electoral de 2005 que le llevó al poder.