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La comisión escuchó a los representantes del Gobierno, quienes insistieron en la tesis de que no existe base legal para procesar a Rousseff, que dentro de unas dos semanas puede verse obligada a entregar su cargo al vicepresidente Michel Temer.
La mayoría de los senadores desestimó sus alegatos y reiteró una y otra vez que las diversas irregularidades fiscales que sustentan la acusación suponen un “crimen de responsabilidad”, que es como la Constitución brasileña define las causas que pueden conducir a la destitución de un mandatario.
La defensa oficialista se afincó otra vez en la tesis del “golpe” que la propia Rousseff grita a los cuatro vientos desde hace semanas.
La acusación trata de la manipulación contable realizada por el Gobierno para maquillar la mala situación financiera oficial de caras a las últimas elecciones presidenciales.