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El valor sumado de las indemnizaciones exigidas puede llegar a unos 2.600 millones de reales (unos 702,7 millones de dólares).
El grupo especial, integrado por 23 procuradores, actuará en 9 diferentes estados de Brasil, en los que se comprobaron agresiones a la mayor selva tropical del mundo, y presentará denuncias civiles contra todos los acusados de haber desforestado al menos 60 hectáreas de la Amazonia entre agosto de 2016 y julio de 2017.
Los deforestadores fueron identificados gracias a imágenes de satélite de alta resolución, usadas para fiscalizar la deforestación en la Amazonia.