/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/5WKIHQGGANEZRPRLICMHRKG4JI.jpg)
Cargando...
Cruel. Absurda. Inviable. Insensata. Así describen varios jóvenes inmigrantes y activistas la decisión del Gobierno, que deja a decenas de miles indocumentados, a la merced de las autoridades migratorias.
María Valdez tiene 30 años y llegó a Estados Unidos desde Paraguay a los seis años. Ha crecido y vivido toda su vida en Nueva York, donde trabaja como profesora en una escuela de cosmetología.
Las lágrimas caen por las mejillas de esta joven madre de cabello castaño en las oficinas de Make the Road New York (MRNY) en el barrio de Queens, una organización que defiende a inmigrantes latinos y adonde llegó un día antes de la fecha límite a buscar información.
Su peor temor: ser deportada y separada de su hijo de tres años.
“He estudiado toda mi vida aquí, trabajo aquí, tengo mi licencia de conducir aquí, tengo un niño aquí. Yo siento que este es mi país”, dice en español, con la voz entrecortada. “Mi vida está acá”, alega.
Pero sus papeles vencen recién el 9 de agosto de 2018, por lo cual no podrá renovarlos ahora. Y si el Congreso no aprueba antes de esa fecha una ley que la proteja de la deportación, quedará indocumentada el 10 de agosto.
¿Podrá el Congreso aprobar en meses lo que no ha hecho en una década? Hace más de 15 años que el denominado “Dream Act”, un proyecto de ley para ofrecer a estos jóvenes una solución permanente, languidece en el Congreso.
En pequeñas protestas por todo el país, activistas y legisladores demócratas exigieron al Congreso la aprobación de la última versión del “Dream Act”, presentada en julio por un senador demócrata y otro republicano.
“¡Luchemos para aprobar un ‘DREAM Act’ limpio!”, afirmó entre aplausos la senadora demócrata Kamala Harris en un acto frente al Capitolio, al referirse a una ley que no esté atada a condicionantes como mayores medidas de control fronterizo o financiamiento del muro en la frontera sur del país como quiere Trump.
Eliminación gradual
El gobierno Trump anunció hace exactamente un mes que el 6 de marzo de 2018 comenzará a eliminar gradualmente el programa DACA, creado en 2012 por su antecesor Barack Obama, que permite actualmente a casi 700.000 jóvenes “Dreamers” vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
El DACA dura dos años y es renovable. Pero el Gobierno determinó que los jóvenes cuyos permisos expiren entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 –un total de 154.000 personas– serán los únicos que podrán renovarlos, una sola vez más.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha recibido ya 106.000 pedidos de renovación de jóvenes de este grupo. Pero decenas de miles han quedado fuera por varias razones: no todos pueden pagar la tarifa de 495 dólares, o no se han enterado de que tienen que hacer el trámite, o no cuentan con los papeles necesarios.
“Los jóvenes están preocupados primero sobre los impactos inmediatos: perder sus empleos, cómo harán para renovar sus contratos de alquiler sin los papeles, cómo mantendrán a sus hijos”, dice la abogada Yasmine Farhang, de MRNY, en su pequeño despacho donde atiende inmigrantes.
Organizaciones y 16 fiscales generales de varios estados demócratas como Nueva York han presentado una demanda contra la decisión de Trump, porque dicen es racista contra los mexicanos y latinos –los mayores beneficiarios del DACA– y por ende inconstitucional.
“Esto es inaceptable para mí como un ser humano en Estados Unidos”, señaló a su vez el juez federal de Brooklyn, Nicholas Garaufis.