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La iniciativa, presentada por el diputado Carlos Kunkel, busca “garantizar y afianzar derechos” de los ciudadanos que se ven afectados por los cortes de calles y prohíbe también a las fuerzas de seguridad llevar armas de fuego.
El proyecto consta de 34 artículos y propone una serie de “reglas precisas de convivencia” que se establecerían para la ciudadanía ante las protestas en el espacio público.
Entre las pautas presentadas se encuentra que “toda manifestación pública deberá ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”.
La propuesta también establece que las protestas “no podrán ser desalojadas por las fuerzas de seguridad, sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
Este mediador se encargaría de pactar condiciones del fin de la protesta, así como también de identificar las demandas y coordinar encuentros entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados.
Por otra parte, el proyecto apunta que las fuerzas de seguridad deberá estar identificado de manera adecuada, con uniformes y placas.
Además, las armas de fuego estarán prohibidas para aquellos que estén en contacto directo con los manifestantes y, quienes las porten, deberían guardar distancia prudente durante la protesta. “Las armas que no sean de fuego podrán ser utilizadas para la defensa de los funcionarios ante peligro inminente, pero nunca como medio para dispersar una manifestación”, dice el proyecto.
Cristina Fernández había destacado la necesidad de sancionar “una norma de respeto y convivencia urbana”.