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TELOLOAPÁN, México (AFP).En este aterrador panorama, Manuel es consciente de su fortuna. Hace dos años, un grupo del crimen organizado lo secuestró en una carretera de la sierra y ocho semanas después, cuando su familia ya asumía que se había unido a la larga lista de desaparecidos de la zona, apareció milagrosamente con la misma ropa hecha harapos en una ciudad vecina.
Manuel explica que los narcos decidieron soltarlo por su débil estado de salud tras comprobar que no era un informador de un cártel rival.
Durante dos meses, el hombre durmió a la intemperie del cerro junto a otros 15 compañeros de cautiverio, maniatado, con los ojos vendados y sujeto a humillaciones.
“La primera semana nos estuvieron golpeando a diario hasta que perdí el conocimiento”, relata este hombre robusto de mediana edad que, por seguridad, es identificado con el nombre falso de Manuel.
Con miedo todavía de salir a la calle, Manuel afirma con conocimiento de causa: “No entiendo por qué se espanta ahora el Gobierno con el caso de los estudiantes. Aquí hemos vivido lo peor”.
La conmoción sigue dentro y fuera de México por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero) desde que la noche del 26 de setiembre fueron tiroteados por policías locales en la cercana ciudad de Iguala, quienes presuntamente después los entregaron a sicarios del cártel local Guerreros Unidos.
Los otros desaparecidos
En el pequeño municipio de Cocula, vecino a Iguala, donde la vida en las calles termina a las ocho de la noche, familiares prefieren no elevar la voz sobre sus desaparecidos creyendo que con el silencio hay más probabilidades de recuperarlos con vida.
Aún impactado por saber que la Policía de Cocula también participó en la desaparición de los estudiantes, un vecino que no denunció el secuestro de su sobrina se reafirma: “¿En manos de quiénes estamos?”.
Municipios intervenidos
El Gobierno central ha desarmado a las policías de Iguala y Cocula –en total hay 36 policías detenidos– y desplegado a las fuerzas federales para asumir la seguridad.
Lo mismo hizo el domingo en otros 13 municipios de la zona por presuntos nexos de sus policías con la criminalidad.
El Gobierno mexicano anunció ayer recompensas por más de 100.000 dólares a quienes proporcionen pistas efectivas para encontrar a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.